Por Natalia Piergentili, directora del Programa de Descentralización y Cohesión Territorial de la Fundación Chile21 / Ex subsecretaria de Economía
Desde la Fundación Chile21 hemos venido analizando y declarando lo incierto del proceso de descentralización en múltiples facetas, entre ellas, una de las más relevantes es la de los recursos con los que contará este nuevo gobierno regional y el grado de autonomía que tendrá en las decisiones de inversión.
Desde perspectivas presentes entre las demandas que marcaron el estallido social, asumimos la descentralización como proceso fundado en la necesidad de acercar las decisiones a los ciudadanos, trasladando al territorio las definiciones sobre políticas en áreas claves. Hoy, tal perspectiva cobra aún más sentido, por ello cualquier nuevo diseño institucional implica necesariamente a los territorios, con mayores grados de autonomía y participación.
Paradójicamente, fue el 18 de octubre del 2019 que se hizo entrega al presidente Piñera de los resultados del trabajo de una mesa de trece expertos/as que en 60 días levantó una serie de recomendaciones para mejorar el proceso de descentralización. Cuando ya han pasado 9 meses de este trabajo y aun tomando en cuenta el estallido social y la pandemia, quienes hemos seguido de cerca este proceso, continuamos preocupados por la falta de acción política para mejorar este proceso con miras a octubre del próximo año.
Si miramos el vaso medio lleno, podemos señalar que existen altos grados de acuerdo entre múltiples actores en materia de financiamiento regional, por ejemplo: en la creación de un fondo de convergencia para cerrar brechas entre regiones, una ley de rentas regionales que determine la estructura de financiamiento de los gores, junto con terminar con las asignaciones discrecionales de recursos desde el nivel central, por señalar algunos.
Un ámbito que, en nuestra perspectiva, no puede quedar atrás al plantear propuestas en descentralización fiscal es una necesaria reforma al sistema municipal que al menos implique: mejoramiento de la gestión, transparencia, participación; una nueva ley de rentas municipales y cambios a las variables que constituyen el FCM.
Con todo, y a quince meses de la elección de gobernadores regionales, es imperativo conocer al menos algunas definiciones de lo que será la ley de financiamiento regional por parte del Ejecutivo. Sabemos que la agenda está tensionada por la coyuntura, pero al mismo tiempo, la realidad territorial y toda su diversidad también se ha expresado con fuerza en esta realidad, por lo tanto el desafío es preparar un proceso que, de no despejar algunas de las iquietudes aquí planteadas, está condenado a generar conflictos políticos de complejas proporciones.
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