Desconcertante actitud frente a la violencia

La última reunión de coordinación entre la Subsecretaría del Interior con los rectores de los llamados liceos emblemáticos de la comuna de Santiago y con representantes del municipio, con el fin de tratar el grave cuadro de violencia e inseguridad que afecta a estos establecimientos, estuvo cruzada por un ambiente de particular tensión, ante la petición que hizo el subsecretario para que los rectores colaboraran más activamente con la información que está requiriendo el Ministerio Público, a través de la PDI. Dicha petición no fue bien recibida; algunos hicieron presente que no era el rol de los directores actuar como “sheriffs”, por lo que terminantemente se negaron a la idea de proporcionar a la Fiscalía nombres de alumnos, haciendo ver que con esta petición en el fondo se busca que los rectores hagan el trabajo que le corresponde al ente persecutor.

Estas declaraciones -que fueron recogidas por este medio- resultan ciertamente desconcertantes, y ayudan a comprender por qué la violencia se ha apoderado con tanta facilidad de estos establecimientos. El marco en el cual se ha constituido esta mesa de trabajo es precisamente para poder ayudar a frenar este fenómeno, el cual supone una serie de medidas integrales, donde la dimensión que busque hacer efectivas las responsabilidades penales y disciplinarias no puede estar ausente. Por cierto que no se trata aquí de faltas leves, sino de hechos gravísimos, como la quema de los establecimientos, agresiones a profesores, alumnos y a la policía -en algunos casos incluso se ha terminado en apuñalamientos-, fabricación de bombas molotov, quema de buses y otra serie de hechos que dan cuenta de un vandalismo desbordado. Los casos se han visto potenciados porque si bien los establecimientos han abierto más de 500 procesos disciplinarios en lo que va de 2022, apenas un puñado de casos ha sido por la causal de expulsión o cancelación de matrícula.

Se ha llegado al punto en que la propia Subsecretaría del Interior anunció que evalúa solicitar la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para indagar la violencia en los liceos emblemáticos. Frente a un cuadro así, lo mínimo que cabría esperar es que quienes dirigen estos establecimientos, así como el municipio de Santiago en su calidad de sostenedor, colaboren activamente con la investigación judicial, pues su principal obligación es proteger a la comunidad estudiantil de estas agresiones y asegurar que los responsables sean debidamente sancionados. Negarse a esta colaboración o buscar excusas sin base para eludir esa responsabilidad es un despropósito, algo que no solo agrava el problema -pues facilita que estos hechos se comentan en impunidad-, sino que atenta en contra del deber primario que ha de tener quien acepta detentar cargos de esta naturaleza.

Si se comprueba que no se está prestando toda la colaboración a la investigación judicial entonces estaríamos frente a un caso de notable abandono de deberes, tanto en directores como en el propio municipio. Una figura similar también podría configurarse si es que frente a delitos flagrantes se impide el ingreso de Carabineros a los establecimientos. El actual estado de cosas no permite señales de ambigüedad ni de relativización frente a la violencia, por lo que es indispensable asegurar que la investigación judicial pueda ejercerse fluidamente.