Designación de nuevo contralor

En los próximos días el abogado Jorge Bermúdez terminará su período de ocho años como contralor general de la República, sin que hasta el momento existan señales de quién podría sucederlo en el cargo.

Es el Presidente de la República quien propone un nombre, el cual debe ser ratificado por los tres quintos de los senadores. En el ambiente de polarización que hoy se vive en nuestra política, el mayor riesgo es que las diferencias entre los distintos bloques pudieran llevar a que el cargo permanezca vacante por varios meses, un escenario que no resulta improbable a la luz de recientes procesos. La experiencia con la designación del nuevo Fiscal Nacional es ilustrativa de ello, donde solo luego de tres intentos fue posible consensuar un nombre -proceso que tardó 100 días, y que estuvo plagado de recriminaciones cruzadas, incluso ventilando antecedentes de la vida privada de los candidatos, sin demasiado pudor-, dejando a la vista los delicados equilibrios políticos que se deben observar y la necesidad de que el gobierno sensibilice bien el nombre con los parlamentarios.

Cabe recordar que la designación del excontralor Bermúdez también fue un proceso extenuante, pues el nombre que inicialmente había propuesto el gobierno se cayó por un voto en el Senado, lo que obligó a un nuevo proceso, esta vez con Bermúdez como candidato. Fueron finalmente ocho meses que el cargo estuvo vacante, hasta que el nuevo contralor fue ratificado por unanimidad en el Senado.

Sería muy preocupante que un escenario así se volviera a repetir, especialmente en el delicado contexto en que hoy se encuentra el país, considerando que en el último tiempo han estallado una serie de casos de corrupción u otros donde se advierten graves irregularidades, lo que exige que el órgano encargado de fiscalizar las actuaciones del Estado no solo cuente a la brevedad con un contralor titular, sino que el Congreso y el Ejecutivo cuiden de que el organismo se vea lo menos expuesto posible a las desgastantes reyertas políticas.

Desde el gobierno se ha buscado bajar el perfil al hecho de que aún no exista un candidato de consenso, pues la circunstancia de que no exista un contralor titular no implica que el organismo deje de funcionar ni que los procesos que hoy investiga se vean alterados. Siendo eso correcto, ello no debería ser utilizado como excusa para justificar que altos cargos puedan estar un tiempo considerable vacantes.

El buen funcionamiento de las instituciones requiere que estas cuenten con sus integrantes titulares, de modo que las subrogancias sean una situación excepcional. Lamentablemente las extensas vacancias se han empezado a naturalizar, justificándose en la dificultad para lograr acuerdos políticos. En tal sentido, es inexcusable que el Tribunal Constitucional lleve cerca de dos años sin poder nombrar a dos de sus ministros titulares, en tanto que la Corte Suprema tiene en estos momentos dos cupos por llenar, uno de los cuales lleva largo tiempo negociándose.

El Congreso y el Ejecutivo deben tomar conciencia sobre la importancia de que las instituciones no se vean afectadas por las disputas políticas, y en tal sentido contar prontamente con un contralor titular sería una señal bienvenida.