Desnaturalización de la Ley de Presupuestos
Se genera un profundo daño institucional cuando esta instancia es aprovechada por los parlamentarios como vía para solucionar todos los problemas sociales no resueltos, y el Ejecutivo termina consintiéndolo mediante protocolos de acuerdo.
El debate del proyecto de Ley de Presupuestos, cuyo objetivo es la autorización del gasto público para un año calendario, se ha deteriorado en el tiempo y la responsabilidad es compartida entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Por un lado, los parlamentarios -cada vez con menos escrúpulos- presentan cientos de indicaciones que invaden materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en abierta transgresión a la Constitución, o bien introduciendo aspectos del todo exógenos al ámbito presupuestario. A modo de ejemplo, recientemente ambas cámaras del Congreso aprobaron, por amplia mayoría, una indicación que obliga al Presidente de la República, sus ministros y subsecretarios a someterse semestralmente a un test de drogas. Frente a esto, el Ejecutivo presentó una reserva de constitucionalidad, argumentando que la medida carece de relación con las ideas matrices de un presupuesto.
Por otro parte, la incapacidad política para resolver de manera oportuna las demandas ciudadanas ha convertido el debate presupuestario en una suerte de frenesí, exigiéndole a una ley de carácter anual que se haga cargo de solucionar durante sus dos meses de tramitación todos los problemas sociales no resueltos. El caso más emblemático en esta materia, y que se ha repetido en las últimas dos discusiones de la Ley de Presupuestos, es el proceso de traspaso de los establecimientos educacionales municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En este contexto, la falta de acciones concretas por parte del Ministerio de Educación para hacerse cargo de las sabidas dificultades que ha tenido el proceso llevó a los diputados a rechazar los gastos operativos asociados a los 48 SLEP. Algo similar ocurrió con la intención de suspender la aplicación del sistema de admisión escolar (“tómbola”) durante 2025, como asimismo la pretensión de que los alumnos que sean sancionados por graves hechos de violencia en virtud de Aula Segura no accedan al beneficio de la gratuidad en educación superior.
Por otra parte, se ha hecho una inconveniente costumbre que, en la recta final de la tramitación, cuando la Ley de Presupuestos debe aprobarse dentro del plazo legal, el Ejecutivo termina firmando un misceláneo y cada vez más extenso “protocolo de acuerdo” con los parlamentarios. El último incluyó cerca de 90 compromisos que buscan abordar problemas diversos, muchos de los cuales no tienen relación alguna con la idea matriz de esta ley, mientras otros responden solo a gestos particulares para determinados parlamentarios, permitiendo así que concurran con su voto favorable para aprobar el presupuesto.
Esta práctica no solo contradice el propósito fundamental de la Ley de Presupuestos, consintiendo que surjan medidas a problemas complejos sin la adecuada reflexión, sino que también debilita la capacidad del propio Ejecutivo para exigir a los parlamentarios el respeto a las ideas matrices del proyecto durante la tramitación.
Es fundamental terminar con la noción de que a través de la Ley de Presupuestos es lícito buscar derogar en los hechos otras leyes -quitándoles financiamiento- o agregar aspectos que requerirían su propia discusión legislativa. Seguir desvirtuando su propósito no solo profundiza la desconfianza ciudadana, sino que también evidencia que las autoridades no respetan las reglas que ellas mismas definen en las leyes.
