Destrucción de “casas narco”

La acción del narcotráfico poco a poco ha ido avanzando y copando barrios y espacios públicos no solo de Santiago, sino de otras ciudades del país, alterando el normal desarrollo de las actividades de la comunidad. Es, además, un factor relevante a la hora de evaluar las condiciones hacia las que ha mutado la delincuencia en cuanto a uso de armas, mayor violencia, organización y presencia de grupos extranjeros, circunstancia esta última de especial relevancia en la zona norte. El escenario evidentemente ha cambiado desde que el país era solo un puerto de tránsito hacia mercados de mayor relevancia, como Estados Unidos y Europa, e impone la necesidad de implementar políticas de prevención y de persecución penal acordes a la mayor complejidad alcanzada por esa actividad delictual.

Es por ello que ha llamado la atención la medida del alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter, quien ordenó la demolición de inmuebles o parte de estos que no cuentan con los permisos de construcción respectivos, tras un proceso administrativo, en el ejercicio de las facultades que le otorga la ley de Urbanismo y Construcciones para actuar frente a esas irregularidades. Lo particular de la decisión es que abarca un plan de 20 viviendas -denominadas popularmente “casas narco”- relacionadas con el desarrollo de actividades de narcotráfico en la comuna, según el trabajo investigativo de la Fiscalía Oriente, que informó a la autoridad comunal de las ubicaciones, y es parte de la Política de Recuperación de Barrios del municipio. Una medida ampliamente celebrada por los vecinos, y de cuyo resultado final están pendientes otros alcaldes que enfrentan problemas de igual naturaleza, para actuar en esa misma línea.

Si bien son importantes las señales que den las autoridades locales dentro del ámbito de sus atribuciones -intervención que los propios vecinos insistentemente denuncian y demandan, y que son los principales afectados por el narcotráfico-, en especial si van en la dirección correcta al perseguir el patrimonio de quienes lucran de esta actividad delictiva, es importante que ello sea parte de una estrategia mayor, coordinada y consistente, teniendo a la vista la realidad nacional y las particularidades de cada región. Solo así será posible que acciones como las del alcalde de La Florida sean efectivas y no tengan sólo fines comunicacionales o se limiten a ser maniobras populistas que eventualmente pueden desvirtuar los objetivos que persiguen o puedan ser usadas en el futuro para otros fines.

Por ello, perfeccionar la institucionalidad para dotar de mejores herramientas a las entidades encargadas de la prevención, investigación y persecución penal del narcotráfico y organizaciones criminales es un paso no solo necesario, sino que indispensable. En ese sentido es positivo que se despache a ley el proyecto que otorga nuevas atribuciones y definiciones en relación al decomiso, amplía el número de entidades que deben informar actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero y detalla nuevos tipos penales. El avance del narcotráfico exige contar con mayores instrumentos y reforzar la labor de persecución desde los niveles locales.