Destrucción de “mausoleos” narco

En su reciente cuenta pública, el Presidente de la República comprometió fondos para demoler todos los “mausoleos” narco que existen en el país, como también el envío de un proyecto de ley para regular los “narcofunerales”, medidas que tuvieron una amplia acogida en todos los sectores. Sorpresivamente, el lunes apareció destruido uno de estos “mausoleos” -quizás el más emblemático de todos, conocido como “el castillo”-, ubicado en una plaza de la comuna de Lo Espejo, tarea que no fue ejecutada por funcionarios del Estado, sino al parecer por integrantes de una peligrosa familia ligada al narcotráfico, y que hace un par de años levantó esta estructura como homenaje a uno de sus caídos. A modo desafiante, en los escombros dejaron mensajes ofensivos al gobierno.

No cabe duda de que el Mandatario está apuntando a un problema que hoy en día afecta a cientos de miles de personas en distintos puntos del país, donde barrios completos o espacios públicos han sido tomados por bandas narco, las que a sangre y fuego imponen reglas, controlan quienes pueden entrar o salir, habilitan viviendas que funcionan como centros de distribución de drogas, e incluso se permiten el impune lanzamiento de fuegos artificiales. Son territorios donde el imperio del Estado y sus instituciones sencillamente languidece o no existe, un fenómeno que parece estar mucho más extendido de lo que se podría creer. Un informe de 2016, preparado por el Ministerio Público, ya identificaba entonces 426 barrios críticos en materia de venta ilícita de drogas, los que se concentraban en nueve regiones.

El grado de violencia que se ha alcanzado en varios de estos sectores resulta francamente alarmante -un reportaje de este medio sobre la zona más peligrosa de Santiago Centro ilustra a la perfección este punto-, donde proliferan los asesinatos, el amedrentamiento y las balaceras a plena luz del día. Al respecto, resulta elocuente que, según datos provenientes de un estudio de la Fundación Paz Ciudadana, el 61,5% de las personas ha visto o experimentado directamente narcofunerales, homicidios por ajuste de cuentas, enfrentamientos entre bandas delictivas y la policía, secuestros u otros hechos relacionados con el crimen organizado.

Por ello, aun cuando frente a la magnitud del problema puede resultar apenas simbólico que se destruyan los “mausoleos” o se pretenda restringir los narcofunerales, dar estos pasos resulta indispensable como señal de empezar a restituir el imperio del derecho, e impedir que continúe extendiéndose la narcocultura, con sus nefastas secuelas. La impunidad con que se levantan este tipo de construcciones en espacios públicos que son copados por el mundo narco, o la exhibición de armas en un funeral son señales que además de causar profundo temor entre los residentes de dichos barrios, contribuyen a la sensación de temor y dan la inconveniente señal de que el Estado parece incapaz incluso de controlar este tipo de manifestaciones.

En el último tiempo se han aprobado una serie de nuevas leyes tendientes a combatir al narcotráfico y el crimen organizado, pasos sin duda necesarios, pero que deben ser complementados con la tarea impostergable de ir recuperando los espacios públicos y barrios, lo cual supone ante todo un fuerte reforzamiento de la presencia policial y la labor de la Fiscalía.