Deuda del Estado con la infancia

Fue a mediados de agosto de 2018 que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ingresó al Congreso el proyecto de ley que busca una reestructuración total del actual Servicio Nacional de Menores (Sename), reemplazándolo por el Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia. El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, y esta semana ha sido despachado por el Senado con algunas modificaciones menores, por lo que cabría esperar que la Cámara Baja refrende dichos cambios, sin necesidad de comisión mixta.

El avance legislativo de este proyecto ocurre en momentos en que la directora del Sename ha presentado su renuncia indeclinable al cargo, esgrimiendo como razón que no se siente respaldada por el Ministerio de Justicia, a propósito de los cuestionamientos que ha recibido el organismo a raíz de un convenio de intercambio de información que suscribió con la Agencia Nacional de Inteligencia, y por la forma en que se ha manejado el caso de un presunto abuso sexual reportado en un hogar colaborador de Hualpén. Independientemente de si dichos cuestionamientos tienen plausibilidad o no, es evidente que la renuncia de la jefatura del Sename llega en mal momento y podría retrasar la ejecución de planes de modernización en la medida que la vacancia del cargo se prolongue.

Aun cuando es un hecho positivo que el proyecto avance en el Congreso, ha sido manifiesta la lentitud legislativa para tratar una materia que una y otra vez ha sido resaltada como prioritaria para el Estado. Carece de justificación que transcurridos casi dos años recién se esté finalizando la tramitación de este proyecto de ley -a lo que cabe añadir que la implementación de la nueva estructura podría tomar hasta un año-, en tanto que otro proyecto fundamental, aquel que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Juvenil -absorbiendo toda la arista relacionada con adolescentes infractores de la ley, hoy también a cargo del Sename- lleva tramitándose desde abril de 2017. La excesiva demora en contar con estas nuevas estructuras es sintomático de la escasa relevancia que el tema de la protección a la infancia encuentra en el debate público. Ello resulta aún más incomprensible considerando que el primer acuerdo nacional forjado a inicios del actual gobierno -y con amplia transversalidad- fue justamente en torno a la infancia, cuyos comisionados incluso pidieron público perdón por la desprotección en que se encuentran muchos niños, niñas y adolescentes.

El largo historial de abusos sexuales a menores dentro de hogares bajo dependencia del Sename, o incluso de aquellos que han fallecido en circunstancias no bien aclaradas -lo que ha sido motivo de la apertura de una amplia investigación penal-, ha provocado justificado escándalo público, pero en los hechos no parece encontrar el sentido de urgencia que el tema demanda. El Sename atiende a alrededor de 200 mil menores por año, lo que da cuenta de la dimensión humana y social del problema de la infancia en Chile. Contar con los proyectos de ley que reestructuran el actual Sename es apenas el punto de partida, siendo indispensable que la acción del Estado se agilice y repare el daño que ha causado por su falta de servicio.