Deuda pendiente con la productividad

A inicios del 2010, el crecimiento de largo plazo proyectado para Chile era de 5%. Este valor se redujo prácticamente a la mitad al final de la década. Ante ello, es pertinente preguntarse qué le sucedió a nuestra economía, que en tan solo una década redujo a la mitad su capacidad de crecimiento. Resulta evidente que la productividad total de los factores dejó de ser un aporte y se transformó en lastre para el crecimiento económico. Si entre el año 2000 y 2009 la productividad aportó cerca de dos puntos anuales al crecimiento, en la siguiente década le restó en promedio un punto al año.

Esto no fue un fenómeno generalizado en el mundo. Mientras en nuestro país la productividad se desplomaba, en las economías asiáticas aportaba dos puntos promedio al año. Nuestro país dejó de realizar reformas económicas relevantes que permitieran ir cerrando la brecha de productividad respecto de las mejores prácticas de las economías desarrolladas. Así, los principales ámbitos donde Chile se encuentra más rezagado respecto de las economías avanzadas son la simplificación regulatoria y obtención de permisos para realizar negocios, el gasto en investigación y desarrollo, mayores oportunidades de acceso y flexibilidad del mercado laboral, así como la formación de nuestra fuerza laboral activa.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2018), en el caso de Chile el ámbito que tiene mayor impacto en el crecimiento y productividad de largo plazo es justamente la simplificación regulatoria, algo que resulta fundamental considerando la necesidad de impulsar la alicaída inversión. Las mejoras planteadas consisten, por ejemplo, en simplificar los procesos y reducir su incertidumbre; mejorar la coordinación entre autoridades que emiten permisos (gobierno central, municipalidades y autoridades sectoriales); acotar el ámbito de acción de las notarías para así reducir tiempos y costos, sin perjudicar la certeza jurídica, así como fortalecer el uso del silencio administrativo y empoderar al privado a utilizarlo, por nombrar algunos aspectos.

Durante los últimos meses, gremios empresariales como la Sofofa y la Sonami han alertado sobre el rechazo de proyectos de inversión relevantes para el país, los que en su opinión cumplían estrictamente con la normativa, pero no fueron aprobados o calificados desfavorablemente por las comisiones evaluadoras. Aquí hay luces de alerta sobre incertidumbre regulatoria que las autoridades deberían abordar proactivamente.

El impacto de mejoras regulatorias que permitan reducir incertidumbre, acortar plazos y costos -en su gran mayoría de carácter administrativos- tienen un impacto muy importante en la productividad y crecimiento. El FMI ilustra que, si la economía chilena lograra cerrar la brecha en complejidad regulatoria para ubicarse tan solo en el promedio de los países de la OCDE, el nivel del PIB sería al menos siete por ciento superior al cabo de cinco años.

Chile y el mundo enfrentan un escenario económico complejo e incierto para los próximos años. El desafío debe ser ambicioso en estas materias, por lo que resulta indispensable que los aumentos de productividad constituyan uno de los focos centrales de la política económica. Solo así podremos avanzar, por ejemplo, en agendas más ambiciosas como masificar la reducción de la jornada laboral sin que esto afecte negativamente al mercado laboral y el crecimiento.