Diagnóstico de la violencia en la Macrozona Sur

A partir de hoy comienza a regir la vigesimoséptima renovación del estado de emergencia en La Araucanía y en las provincias de Arauco y el Biobío -luego de que la medida fuera aprobada por el Congreso la semana pasada, a solicitud del Presidente de la República-, un hecho que de por sí refleja la compleja realidad que se vive en estas zonas.

Esta nueva prórroga del estado de excepción constitucional tiene lugar cuando se han visto señales mixtas, pues si bien el número total de ataques en la Macrozona Sur muestra un descenso respecto de lo observado el año pasado, en La Araucanía la situación es muy diferente, pues aquí el número de casos ha aumentado en lo que va de 2023.

La ministra del Interior entregó al respecto datos actualizados durante un encuentro empresarial que tuvo lugar en Temuco, indicando que de acuerdo con las estadísticas que lleva Carabineros, hasta el 25 de junio se había registrado un total de 537 eventos de violencia en toda la Macrozona -la cual comprende las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos-, 13% menos respecto de lo registrado a igual periodo de 2022. Sin embargo, de dicho total, 368 tuvieron lugar en La Araucanía, un incremento de 14%. De acuerdo con este catastro, ocurren en esta región un promedio de 2,1 hechos de violencia, lo que es un indicativo de que no ha habido tregua.

No todos los delitos en dicha región han mostrado un incremento; los hechos que presentan mayores alzas son cortes de ruta (+63%) y el robo de vehículos (+15%). Los homicidios han mostrado un descenso superior al 50%, en tanto que las usurpaciones violentas han bajado en 25%. Los bienes incendiados, por su parte, si bien han registrado un leve descenso -204 casos, versus los 221 del año anterior-, siguen constituyendo un número intolerable y escandaloso.

Si bien es una señal favorable el hecho de que en la Macrozona las cifras muestren un cierto descenso, cabe no llamarse a engaño por las cifras, pues el punto central es que una porción muy relevante del territorio nacional sigue bajo los efectos de ataques terroristas y de una vulneración total del Estado de Derecho, lo que además de representar una amenaza directa para la integridad de las personas, afecta gravemente a determinadas actividades productivas, impidiendo un mayor desarrollo para sus habitantes. Los datos también muestran que con el paso del tiempo han ido aumentando los grupos que practican estos deplorables hechos, intensificando el nivel de violencia con que actúan. Ya son siete las organizaciones que han sido identificadas, entre las cuales se cuenta la CAM, cuyo líder se encuentra en prisión preventiva desde agosto del año pasado.

No hay duda de que el despliegue de las Fuerzas Armadas, así como el reforzamiento de los destacamentos policiales, han sido determinantes para que la situación no haya escalado todavía más, pero es claro que estas medidas por sí mismas ya no son suficientes para disuadir a estos grupos. Se requiere por lo tanto de un nuevo plan para hacer frente a estos desafíos, y en tal sentido el Ministerio del Interior haría bien en indicar qué nuevas estrategias son las que pretende implementar -sobre todo para el caso de La Araucanía-, considerando el peligro latente que se vive en estas regiones.