Diagnósticos de la sociedad civil

En medio del polarizado ambiente político en que nos encontramos, es bienvenido que al alero de los centros de estudios se ofrezcan diagnósticos más reposados y con miradas de largo plazo sobre los diversos problemas que aquejan al país. Ha sido el caso de “Hagámonos cargo”, iniciativa surgida del centro de incidencia Pivotes, donde se busca ofrecer justamente este tipo de miradas a partir del diagnóstico de que el país se encuentra en un punto de inflexión, y que de la capacidad de reacción dependerá de cuán fortalecido saldrá el país.

Una de las dimensiones que aborda la iniciativa de Pivotes se refiere a la crisis de nuestra institucionalidad, donde las principales instituciones públicas muestran fallas que comprometen su funcionamiento. Es así como hay un diagnóstico compartido de que la administración del Estado muestra crecientes grados de captura e ineficacia, el sistema político opera desde hace años de manera disfuncional, en tanto que el Poder Judicial ha sido objeto de cuestionamientos tanto por sus reglas de organización interna como por la forma en que ha ejercido sus funciones.

De particular relevancia resulta el diagnóstico en materia de sistema político, pues ciertamente es un problema cuando el Estado y sus instituciones no son capaces de reaccionar con prontitud para responder oportunamente a las principales demandas de los chilenos. Se concluye que los problemas que aquejan al sistema político se explican, en parte, por la insuficiente participación de la ciudadanía y de las organizaciones; la fragmentación que hay en el Parlamento y la debilidad de los partidos políticos; la falta de cooperación institucional y civilidad dentro del Congreso, entre otros aspectos.

En el documento se advierte que en presidencialismos altamente fragmentados como el chileno, se vuelve más fácil formar alianzas para bloquear reformas que para apoyarlas, en tanto que a la alta fragmentación se suman partidos cada vez más débiles y que enfrentan muchas dificultades para alinear a sus representantes. Asimismo, se advierte que la ausencia de cohesión y disciplina partidista dificulta la formación de acuerdos estables entre el Ejecutivo y los líderes de cada partido político. De allí que el grupo de expertos mayoritariamente proponga, entre otras medidas, umbral mínimo para acceder a escaños, nueva regulación de bancadas parlamentarias y condiciones más exigentes para formar partidos políticos.

La claridad de este diagnóstico va en línea con lo que ya se ha venido alertando desde hace tiempo acerca de nuestro sistema político, pero a pesar de ello avanzar en cambios sustantivos ha sido imposible. El segundo proceso constituyente buscó introducir una serie de cambios para afrontar estos males, pero al ser rechazado el intento se vio frustrado, y las reformas que se han impulsado desde el Senado y la Cámara de Diputados para establecer umbrales mínimos o la pérdida del escaño en caso de renuncia al partido se han encontrado con una serie de cortapisas.

La invitación para reflexionar acerca de la desactualización del modelo de empleo público y las rigideces que impone el Estatuto Administrativo -intacto desde 1989-, así como la necesidad de avanzar hacia un nuevo régimen de empleo público para nuevas contrataciones que regule su ciclo laboral, o la creación de tribunales especializados de ejecución de penas y separación del rol de reinserción, como parte de las propuestas para el sistema de justicia, son otros temas que aporta este documento y que cabría esperar que sean recogidos por el mundo político.