Dichos del Mandatario sobre la violencia

El diagnóstico que ha hecho el Presidente de la República respecto del peligroso derrotero que ha tomado la violencia en el país es acertado, porque permite focalizarse en un aspecto central para la ciudadanía, como es la necesidad de que el Estado preserve el orden público dondequiera que allí se quebrante.

Las palabras del Mandatario -”se está naturalizando la violencia en nuestro país en todo sentido”, lo que calificó como algo inaceptable y que no admite “medias tintas”- tuvieron lugar con motivo de los graves hechos ocurridos en el marco del Día del Trabajo, donde una de las movilizaciones devino en desmanes y saqueos en el sector céntrico de la capital, generando que un presunto grupo de comerciantes ambulantes reaccionara con armas de fuego, dejando a varias personas heridas, entre ellas una periodista, quien se encuentra en condición de riesgo vital.

En el último tiempo han abundado las escenas de violencia en estadios, también en manifestaciones -donde grupos radicalizados por lo general consiguen infiltrarse-, ajusticiamientos en plena vía pública, amenazas a la población migrante, así como escenas de fuertes agresiones en colegios, o bien de encapuchados destruyendo y amenazando a estudiantes y profesores en liceos emblemáticos. El propio subsecretario de Prevención del Delito ha señalado que “Chile está viviendo el peor momento en seguridad desde el retorno de la democracia”, por lo que ante lo que aparece como un diagnóstico ampliamente compartido, los dichos del jefe de Estado son pertinentes y solo cabe esperar que ello se traduzca en acciones eficaces y concordantes con dicho diagnóstico.

En este plano, resulta fundamental que no existan ambigüedades ni distingos antojadizos o discrecionales, lo que exige que el Estado tenga un solo criterio para abordar la violencia. Por lo mismo, no resultaría coherente que en los casos de violencia que se viven en La Araucanía y zonas aledañas se insista con una línea de acción diferente al resto del país, que evita utilizar todas las herramientas que provee el estado de derecho, como la Ley de Seguridad del Estado, o de prescindir del estado de excepción constitucional, dejando de lado la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de vigilancia y control de zonas críticas.

La ciudadanía ha podido presenciar el recrudecimiento de la violencia en la Macrozona Sur, con camioneros o trabajadores forestales que han resultado heridos por armas de fuego, registrándose incluso algunos de los mayores atentados incendiarios en lo que va del conflicto en La Araucanía. Hay aquí un agravante evidente, porque a pesar de que se está en presencia de acciones terroristas, aun así hay vacilaciones en la forma de hacer efectiva la ley.

El gobierno debe elaborar prontamente un plan que se haga cargo integralmente del orden público en esta zona, sin zigzagueos ni “medias tintas”, siguiendo la directriz presidencial. Los anuncios que hizo el subsecretario del Interior para resguardar a trabajadores forestales -con mayor refuerzo policial y aumento de recursos- sin duda van en la línea correcta, pero cabe lamentar que la autoridad se haya justificado diciendo que en este caso los afectados son “trabajadores y no empresarios”, un distingo que desde luego no viene al caso, porque en materia de violencia el accionar del Estado no debería condicionarse según la condición o estatus de las víctimas.