Discrepancias en cantidad de funcionarios públicos
Resulta preocupante que un dato fundamental, como es el número exacto de funcionarios que hay en el sector público, todavía no sea posible de precisar, lo que atenta contra principios elementales de transparencia.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer recientemente el resultado del informe de fiscalización sobre el acceso a la información del personal que presta servicios en el gobierno central y municipalidades.
De la información disponible se llegaron a contabilizar 810.064 funcionarios públicos a septiembre de 2023; de ellos, el 54% corresponden al gobierno central y 46% a municipalidades. Los funcionarios se concentran en el sector salud y educación. El personal a contrata representa el 50% del total en el gobierno central, constatando el incumplimiento de una gran mayoría de los organismos, donde esta modalidad no debe superar más del 20% de los funcionarios de planta.
El CPLT constató infracciones a la publicidad de la información por no tener disponible la información o bien estar desactualizada. Además, no todos los organismos publican la información en el formato provisto por el portal de transparencia, sumado a que lo hacen en sus propios formatos, dificultando las comparaciones y con información histórica incompleta. Lo llamativo es que después de este importante esfuerzo del CPLT, recién ahora podemos conocer información parcial sobre los funcionarios públicos a septiembre de 2023.
Por otra parte, el CPLT, al contrastar la información reportada por otras fuentes, advierte que el total de funcionarios que le fueron informados son inferiores en cerca de 110 mil funcionarios a los registrados en el sistema municipal (Sinim) y en 25 mil para el caso del gobierno central (informe de Dipres), diferencias aún pendientes de aclarar.
Las dificultades para conocer cuántas personas trabajan en el sector público no solo se desprenden de este informe. Basta recordar las diferencias en las cifras de creación de empleos públicos en lo reportado por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) respecto de las disponibles por parte del Ejecutivo. El año pasado, cuando la ENE reportó la creación de 100 mil empleos en el sector público, no se pudo identificar su origen, lo que generó a principios de año un cruce de declaraciones y acusaciones mutuas entre el Ejecutivo y dirigentes del sector municipal.
El año 2023 el gasto en remuneraciones del sector público alcanzó cerca de US$ 21.800 millones, represantando el 30% del gasto total. Sin embargo, a pesar de los cuantiosos recursos públicos, existen claros inclumplimientos a la obligación legal de reportar la información que tienen todos organismos públicos, incluyendo universidades públicas y las empresas del Estado.
Contar con información periódica e íntegra sobre cuántos funcionarios trabajan en el sector público es una condición básica para poder gestionar adecuadamente el Estado, datos que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer, considerando además los cuantiosos recursos públicos involucrados. Los organismos estatales deben cumplir la ley y los encargados de fiscalizar han de aplicar las sanciones cuando corresponda; de lo contrario, para las autoridades seguirá teniendo un costo bajo el incumplimiento de esta norma básica de transparencia.
