Diseño del nuevo Ministerio de Seguridad

Como parte de la agenda de seguridad pública que fue concordada entre el gobierno y la oposición en abril pasado -en la cual se priorizaron una serie de materias, estableciendo plazos precisos para su aprobación-, se estableció que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública estaría aprobado dentro de un plazo de 150 días, el cual se cumple durante el mes de septiembre.

El proyecto -que fue presentado a tramitación parlamentarias en septiembre de 2021-, ya logró su aprobación por amplia mayoría en el Senado, y ahora lo está conociendo la Cámara de Diputados, a nivel de comisiones. Parece improbable que en las semanas que restan la iniciativa se pueda convertir en ley, pero más allá del incumplimiento de un plazo determinado, lo relevante es que dicha iniciativa no pierda energía y pueda ver prontamente la luz. Después de todo, el debate sobre la conveniencia de contar con un ministerio especializado en materia de seguridad viene a lo menos tratándose desde 2011, cuando la dependencia de Carabineros y la PDI se radicó definitivamente bajo el Ministerio del Interior.

Hay coincidencia entre la mayor parte de las voces expertas sobre la necesidad de contar con un ministerio que específicamente se concentre en los temas de seguridad pública, considerando que esta dimensión se ha vuelto un asunto prioritario que requiere una dedicación exclusiva, atendida la expansión del crimen organizado, el aumento de la delincuencia común o el alarmante incremento de los homicidios. El actual Ministerio del Interior está hoy día repartido en múltiples tareas, por de pronto en temas como la inmigración o la coordinación política de todos los ministerios, y si bien cuenta con el apoyo de subsecretarías especializadas, el que el nuevo ministerio tenga giro único facilita concentrarse en esta delicada tarea.

Si bien es una buena señal que el proyecto ya haya pasado la instancia del Senado, la tramitación en la Cámara debería ser la oportunidad para revisar algunos aspectos del proyecto, para asegurar que la nueva institucionalidad tenga la mayor eficacia posible. Algunas voces, como el caso de Paz Ciudadana, han planteado ciertos reparos, que sería bueno atender. Entre otros puntos, se ha hecho ver que bajo el diseño actual se estaría haciendo fundamentalmente un traspaso de las actuales estructuras hacia el nuevo ministerio, pero en ello cabría analizar la pertinencia de modernizarlas, de modo de asegurar que problemas que hoy se han detectado -como por ejemplo la necesidad de mejorar algunos aspectos operativos de Carabineros en el control del orden público, o llevar a cabo los procesos de modernización de las policías, que ha sido un compromiso político de larga data- puedan fluir mejor en un nuevo ministerio.

Algo similar ocurre con el traspaso de funcionarios, donde el nuevo diseño debería dotar a esta nueva repartición con mayores grados de flexibilidad para disponer del personal que considera más apropiado para cumplir con sus exigentes tareas.

Puede valer la pena tomarse un poco más de tiempo para analizar este y otros aspectos con más detalle, a fin de asegurar que el nuevo ministerio efectivamente marque una diferencia en la forma como la seguridad pública se ha llevado hasta ahora.