Dudas ante la estrategia nacional del litio

Si bien el gobierno aspira con su estrategia nacional del litio a convertir a Chile en el principal productor a nivel mundial -hoy se ubica en el segundo lugar, después de Australia-, la forma de concebir dicha estrategia ha despertado dudas de que el objetivo sea alcanzable a tiempo, cuando los precios del metal han escalado a niveles históricos.

La base del plan gubernamental es desarrollar la explotación bajo un modelo de control estatal, de modo que si bien está contemplada la participación de privados, en las futuras explotaciones será el Estado el que tenga la participación mayoritaria. El país cuenta con las mayores reservas de litio del mundo, y bajo un modelo de contratos especiales Chile logró convertirse en el actor dominante, hasta que fue desplazado por los productores australianos. No es claro si las condiciones que ofrecerá el Estado serán lo suficientemente atractivas para fomentar una llegada masiva de inversionistas, única forma de poder desarrollar todo el potencial de esta industria en el menor plazo posible.

Fue a mediados de abril que el gobierno dio a conocer los lineamientos de su política nacional del litio, y a medida que ha sido posible internalizarla han surgido una serie de dudas, que desde ya crean un cuadro de incertidumbre, algo que previsiblemente retrasará el desarrollo de esta industria. Tal como lo indicó un reportaje publicado por este medio, algunas voces ya alertan ante una posible judicialización producto de la falta de claridad que hay en algunos aspectos esenciales. Uno de ellos se refiere a los contratos de explotación y el alcance del derecho preferente a que darán derecho para iniciar una explotación.

La estrategia del gobierno contempla que los privados puedan participar en licitaciones para explorar las pertenencias; este proceso puede implicar la inversión de millonarios recursos, además del tiempo que tarda, que en algunos casos puede ser de años. Pese a que dichos contratos dan un derecho preferente para adjudicarse la explotación, al no asegurar que se pueda pasar directamente a la fase extractiva se podrían abrir complejas contingencias, pero también abren dudas de si con esta fórmula se podría incentivar una activa exploración. También han surgido objeciones respecto a la viabilidad que tendrán estos contratos de exploración, pues si bien estos no requerirán consulta indígena, nada segura que se produzcan resistencias de dichas comunidades. Otro frente que se ha planteado es qué ocurrirá con aquellos que se adjudiquen contratos de exploración respecto de pertenencias que ya tengan adjudicatarios, previéndose que podría haber una serie de contingencias que no están resueltas.

El litio es un mineral que resulta fundamental para la llamada transición energética; de allí la alta demanda y altos precios que se han visto, sobre todo en 2022. Desde ese boom el precio internacional ha venido disminuyendo, pero aun así sigue en niveles atractivos. Chile está claramente atrasado para capturar esta bonanza, contrastando con el dinamismo de otros mercados, como el caso de Argentina, que se ha propuesto multiplicar su producción de litio mediante una activa política para atraer inversionistas.

El Senado ha solicitado al gobierno agilizar su estrategia del litio, pero lo que se requiere es más bien un cambio de concepción que genere menos trabas. Lamentablemente una serie de barreras ideológicas complican este objetivo; una de ellas es seguir manteniendo la condición de no concesible, algo que en el resto del mundo va en retirada. Parlamentarios de oposición han presentado un proyecto de reforma para terminar con esta condición, lo que sería un primer paso para empezar a destrabar esta industria.