Dudas en torno a sobretasas al acero chino

La Comisión Antidistorsiones oficializó el 25 de marzo que había resuelto recomendar al Presidente de la República la aplicación de derechos antidumping provisionales a las barras de acero provenientes de China para la fabricación de bolas de acero destinadas a la molienda minera, con sobretasas que fluctuarían entre 10,3% y 19,8%, según el productor. También determinó recomendar sobretasas para la importación de bolas de acero desde China, que fluctuarían entre 9,2% y 22,5%, según productor.

Huachipato -filial de CAP- hizo ver que los niveles aplicados no eran suficientes para asegurar la sustentabilidad de la compañía, por lo que anunció una suspensión de operaciones, la que en el corto plazo se podría volver permanente. En la región se desató una ola de protestas por el impacto que una medida así tendría, poniendo en serios aprietos al gobierno, considerando que estaban en riesgo del orden de 22 mil empleos. Sorprendentemente, el 19 de abril la Comisión rectificó su resolución -acogiendo la apelación que había hecho Huachipato- y recomendó aumentar las sobretasas a 33,5% en el caso de las bolas de acero, mientras que para las barras de aceró subió a 24,9%, ante lo cual Huachipato comunicó que reanudaba sus operaciones.

Si bien las medidas recomendadas por la Comisión Antidistorsiones lograron desactivar el conflicto que se había instalado en la zona, esta forma de proceder deja una sensación inquietante, porque quedó la impresión de que un organismo que se supone es eminentemente técnico habría terminado actuando de un modo alejado de ello, tanto por la posibilidad de que haya sido permeado por presiones políticas, como por la eventualidad de haber incurrido en graves errores técnicos, considerando la sustancial diferencia de sobretasas que se produjo entre la primera y la segunda resolución.

Desde luego, resulta decidor que los tres representantes no designados por el gobierno en dicha comisión -pertenecientes a la Fiscalía Nacional Económica y el Banco Central- votaron en contra de las sobretasas en ambas oportunidades. En cambio, el resto de los integrantes -que representan a distintos ministerios- votaron a favor, haciendo inevitable que se desataran las suspicacias sobre una posible injerencia por parte del gobierno, más todavía considerando que al final se concedió casi exactamente lo solicitado por Huachipato.

Si bien se ha intentado justificar el nuevo aumento de las sobretasas producto de los antecedentes que las partes presentaron dentro del proceso de apelación, resulta desconcertante que los cálculos iniciales de la Comisión hayan diferido tanto de lo que finalmente resolvió en abril. De no haber una explicación convincente que lo justifique, ciertamente haría cuestionable que sus responsables sigan en el cargo y ameritaría su reestructuración.

No cabe duda de que Huachipato tiene una fuerte incidencia en la economía regional y su cierre sería problemático, pero tratándose a su vez de una empresa que en los últimos diez años arrastra pérdidas por unos US$ 1.000 millones, sugiere que la compañía no es eficiente y por lo mismo quedan dudas de si a futuro, aun con estas sobretasas, será viable. De allí que si lo que en definitiva se busca es evitar una crisis social, lo razonable es pensar en fuertes planes de apoyo a los trabajadores en vez de apostar por una fórmula como sería esta suerte de rescate encubierto a Huachipato, que encierra el riesgo de que las empresas paguen por un acero más caro y además se dañe el prestigio de instituciones técnicas.