Dudas en torno al ajuste fiscal

El Ministerio de Hacienda confirmó que realizará un ajuste fiscal por US$ 2 mil millones, equivalente al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Las razones que se conocen hasta el momento para haber impulsado esta medida responden a menores ingresos para el año por US$ 2.500 millones, sumado a los mayores gastos producto de los incendios e inundaciones, así como un mayor gasto esperado en salud.

Si bien cabe valorar el compromiso para no abultar el déficit esperado en el balance estructural para el año de 2,1 puntos del PIB -el que ya es 1,9 puntos del PIB superior al cierre del año 2022-, las razones esgrimidas por la autoridad han levantado algunas interrogantes a nivel de analistas. Esto porque las decisiones de gasto en nuestro país se toman basadas en los ingresos permanentes (o estructurales) y no efectivos. Y la evolución de los ingresos estructurales se ha mantenido constante (22,9 puntos del PIB) desde diciembre 2022 a julio 2023, que fue la fecha de publicación del último Informe de Finanzas Públicas (IFP).

Por otra parte, a pesar de que el gasto público creció un 6,9% en el primer semestre, la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el IFP publicado en julio subió la proyección del gasto total a diciembre en 0,1 puntos del PIB (US$ 300 millones). A la luz de estos antecedentes surge entonces la duda de cuáles son esas presiones de gasto que aparecieron desde fines de julio a la fecha, que alcanzarían a US$ 1.700 millones adicionales.

Es un hecho que realizar un ajuste de esta magnitud a cuatro meses de finalizar el año -con menos de la mitad del presupuesto disponible- sería equivalente a recortar cerca de un 20% los gastos variables (los que no están definidos por ley). Desde luego, si es que finalmente la fórmula escogida termina siendo el recorte de gastos, no es indiferente saber cuáles de éstos serán objeto de ajuste; ahora bien, también está la posibilidad de una subejecución de inversiones con el fin de financiar el aumento del gasto corriente. Si esta fuese la alternativa, es importante tener presente que las inversiones son necesarias para aumentar la productividad del país y la creación de empleos; por lo tanto, al no ejecutarlas solo difiere el gasto, aumentando las presiones fiscales hacia adelante.

Dada la importante envergadura del ajuste que ha sido anunciado por el Ministerio de Hacienda- similar a lo que ocurrió en el año 2020, durante la crisis del Covid-, y puesto que el objetivo final es asegurar que el déficit fiscal del año no supere los 2,1 puntos del PIB, es relevante conocer oportunamente las razones que motivaron dicho ajuste, así como también si ello se hará por la vía de ajustar otros gastos corrientes o si será mediante una subejecución de inversiones. Ello permitirá despejar estas y otras interrogantes que puedan ir surgiendo entre la comunidad local e internacional que monitorea la evolución de las cuentas fiscales.