Duro golpe a la reforma notarial

Han transcurrido más de cinco años -y un amplio lobby del sector- desde que se presentó un proyecto de ley que busca reformar el sistema de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros, con el fin de modernizar el sistema notarial y registral, iniciativa que reúne aspectos esenciales que consideraban otros dos proyectos de los años 2012 y 2013. Llama la atención el extenso tiempo que ha demorado esta reforma, considerando que se trata de una demanda ciudadana y que se ha considerado en distintas agendas para mejorar la productividad. La idea es actualizar el sistema tras más de 100 años hacia una realidad que requiere mayor dinamismo y flexibilidad, garantizando la debida certeza jurídica que el sistema ha proporcionado todo este tiempo.

Este proyecto recoge también las conclusiones y propuestas de un informe de la Fiscalía Nacional Económica del mismo 2018 sobre el mercado de las notarías, el cual dio cuenta de una serie de falencias, dentro de las cuales llamaba la atención las barreras de acceso a la actividad, así como una cantidad importante de comunas que carecían de notaría, constatando que el 64% de los servicios que prestaban aquellas que fueron consideradas en el estudio se concentraban en actividad de mesón, tales como autorizaciones de fotocopias, finiquitos, entre otras.

Por esta razón, y con el fin de “desnotarizar” la vida de los chilenos, el proyecto proponía un primer mecanismo para mejorar el acceso, a través de la creación de los fedatarios - un ministro de fe, con competencia a nivel nacional y con presencia en cada una de las comunas de país, facultado para realizar aquellas funciones notariales relativas a la certificación de hechos, autorización de firmas y actuaciones respecto de las cuales no exista obligación de registro-, una medida que además introduciría mayor competencia y liberaría a las notarías de la recarga de este tipo de trámites más frecuentes y menos complejos.

Por ello, sorprende la decisión tomada por unanimidad de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado en cuanto a suprimir su regulación -algo que ya tenía la aprobación de la Cámara de Diputados-, cuya justificación, según algunos de sus integrantes, sería que “la figura podría complicar más que resolver los problemas” o “que no están las condiciones para crear esta institución en Chile”. Por supuesto que es importante que el sistema notarial sea perfeccionado y se aborde, entre otros aspectos, el número de notarías, la forma de fiscalización y los requisitos de operación, pero ello no excluye que se pueda avanzar en una reforma que permita mayor competencia y un mejor acceso a la población a un servicio que solo es de certificación -y se reserve lo que requiera registro y de mayor complejidad a notarios-, tal como existe en otros países. Lo razonable sería discutir las condiciones en que ello podría hacerse responsablemente, con las garantías necesarias para la fe pública, objetivo que el proyecto consideraba al regular esta nueva categoría de ministros de fe. El paso que se ha dado en esta comisión del Senado deja la incómoda impresión de que el fuerte lobby desplegado para impedir que esta reforma avance estaría comenzando a rendir frutos.

Si bien ha habido esfuerzos por desnotarizar los trámites, como la ley publicada en 2023 que redujo los documentos requeridos por entidades públicas, no corresponde seguir concentrando en el gremio notarial una actividad que en parte se podría hacer con otros actores, beneficiando con ello el servicio y la competencia.