SEÑOR DIRECTOR:
El jueves pasado se rechazó un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO), principal mecanismo de la Ley Lafkenche, que abarcaba más de 24 mil hectáreas de borde costero en la Región de Magallanes.
Sin embargo, poco se sabe de una serie de falencias que envolvieron la tramitación de este espacio. Por ejemplo, ¿le parece mucho 24 mil hectáreas? Pues inicialmente esta solicitud contemplaba más de 300 mil, equivalentes a dos veces la comuna de Puerto Montt, que iban a ser administrada por solo 16 miembros de la comunidad indígena solicitante.
¿Agregamos otro pelo a la sopa? La Ley Lafkenche indica que el mero hecho de solicitar un ECMPO hace que toda otra solicitud de afectación se suspenda, como solicitudes de concesión de acuicultura o marítimas, hasta que se verifique su uso consuetudinario. El problema es que, en el caso de Magallanes, pasaron casi cuatro años para que este proceso concluyera, a pesar de que la ley entrega tres meses como máximo para llegar a dicho punto.
La laxitud con la que se pueden presentar solicitudes desproporcionadas de ECMPO ha generado incentivos para utilizar este instrumento con el fin de frenar proyectos de inversión, tal como señaló recientemente un inserto en El Mercurio, en el cual comunidades kawésqar acusan a ONGs ambientalistas de utilizarlo para sus propios fines. Es urgente reformar la Ley Lafkenche, ya que tramitaciones como estas, que seguramente llaman la atención, se han convertido en una lamentable costumbre en las zonas costeras del país.
Joaquín Sierpe Subiabre
José Antonio Valenzuela
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