Ecuador: una advertencia para la región

A menos de dos meses de haber asumido la Presidencia de Ecuador como resultado de una salida institucional a la crisis política que vivía el país, en los últimos días Daniel Noboa ha debido hacer frente a una compleja situación de inseguridad y violencia que se ha extendido por todo el territorio.

Las organizaciones criminales, en reacción al estado de excepción de emergencia decretado tras la fuga de la cárcel de Adolfo “Fito” Macías, líder de Los Choneros, han llevado a motines en seis prisiones del país -donde se han tomado como rehenes a numerosos agentes de seguridad penitenciaria y trabajadores administrativos-, secuestros de policías, saqueos, atentados explosivos e incluso la ocupación armada de TC Televisión, exigiendo el retiro de las medidas. Todo ello configuró un cuadro gravísimo, obligando al gobierno a dictar un decreto que declarara la existencia de un conflicto interno armado con 22 grupos dedicados al crimen organizado y narcotráfico -claramente identificados y a quienes define como terroristas-, lo que permite una mayor acción de las Fuerzas Armadas y policiales.

La reacción del gobierno, que ha tenido el apoyo unánime de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional e incluso del expresidente Rafael Correa, da cuenta de la profundidad que ha alcanzado la crisis de seguridad que vive el país, al que el narcotráfico transnacional ha transformado en una de las principales plataformas de exportación de drogas atendida la vecindad de dos grandes países productores de coca, con el consabido legado de muerte derivado de las luchas de poder por parte de las bandas y la instalación de operaciones de carteles extranjeros como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, y el crecimiento de delitos asociados.

Sin embargo, lo relevante es que el tema no es nuevo; la señales ya existían desde hace algunos años con las matanzas en cárceles por el control por parte de distintos grupos, atentados contra periodistas y políticos -que incluso devino el año pasado en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio-, recrudecimiento de la violencia de la delincuencia, alza constante en las tasas de homicidios y corrupción, todo lo cual hacía necesario tomar medidas en ese momento importantes y hoy urgentes, pero que las refriegas políticas obviaron, fijando sus objetivos en otros ámbitos.

Las reacciones de distintos países, partiendo por Colombia y Perú reforzando sus fronteras ante la posibilidad de que integrantes de estas bandas las traspasen, y la preocupación de este último que el origen del armamento usado por las organizaciones criminales pueda tener origen peruano, y el apoyo externo solicitado por Noboa para enfrentar el problema, son una alerta que los demás países de la región deben tener a la vista, como un trágico recordatorio de las graves implicancias que tiene para toda la sociedad cuando el crimen organizado se enquista en un país.

Ya lo señala la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito: el crimen organizado es responsable de alrededor de la mitad de los homicidios en Latinoamérica, y el ranking del Índice de Riesgo Político de América Latina del Centro de Estudios Internacionales UC, dado a conocer recientemente, nuevamente es encabezado por la inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, lo que da cuenta ya no de una amenaza sino de una realidad que demanda de los países mejorar sus condiciones económicas, modernizar sus instituciones, inteligencia, policías y condiciones carcelarias, entre otras, si quieren evitar el derrotero en que se encuentra Ecuador.