Educación estatal, educación pública

Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar

Hace unos días José Joaquín Brunner escribió una columna titulada “Lo público de una educación pública”, haciendo alusión a un punto de especial relevancia de cara a la discusión constitucional: ¿Qué entendemos por lo público? En su opinión -la cual comparto- en Chile se ha restringido su sentido a la mera administración del Estado, así la educación pública solo sería aquella que es provista por el Estado, es decir, los colegios municipales que progresivamente están pasando a ser parte de los Servicios Locales que se encuentran en implementación.

Ahondando en el argumento entregado por Brunner, esta mirada de lo público, empobrece y limita el debate que podamos tener en cuanto a las expectativas del sistema educativo y el rol del Estado. Esto no se trata solo de una discusión abstracta, sino que tiene consecuencias prácticas respecto de la mirada y desarrollo que buscamos de la educación y las políticas públicas que se promueven conforme a ello. De hecho, de tal manera incide en lo práctico, que gran parte de los proyectos de ley en materia educativa se entrampan en la lógica de privados versus Estado.

Al mismo tiempo, preocupa ver que esta mirada reducida de lo público nos lleva a crear un sistema estatal totalmente aislado y paralelo -los Servicios Locales de la Educación Pública- en el cual en vez de avanzar hacia tender puentes con la educación privada buscando un trabajo colaborativo, ahonda en su fragmentación y en una lógica de competencias y preferencias por lo estatal, desconociendo el aporte que ha significado la sociedad civil. Lo anterior tiene sentido si en realidad el objetivo último es que la matrícula de los particulares subvencionados sea absorbida por el Estado; sin embargo, eso traería como consecuencia anular por completo la iniciativa de la sociedad civil y la colaboración público-privada.

Fortalecer la educación pública no pasa porque el Estado tenga más colegios y más matrícula. Pasa porque seamos capaces de entregar una alternativa de calidad a todos los estudiantes, con una identidad común basada en los valores democráticos en los que como sociedad buscamos formar a los futuros ciudadanos, y ello no es exclusivo del Estado. Así, debiéramos ser capaces de fortalecer por igual todos los establecimientos públicos -sean o no del Estado- valorando su diversidad y la alternativa que entregan a las familias, para que la elección de los padres -ese derecho fundamental que consagran los diversos tratados internacionales- sea efectivo y no solo de papel. En definitiva, la preocupación no debe ser si un estudiante va a uno u otro colegio, sino que el velar para que en ambos pueda formarse integralmente.

Lo anterior implica para el Estado cumplir un rol protagónico como garante del derecho, en primer lugar, con aquellos que están más invisibilizados, alumnos de escuelas hospitalarias, carcelarias, de segunda oportunidad y para adultos. Además, debe garantizar que existan las condiciones mínimas de calidad, desde infraestructura a docentes de buen desempeño, y resguardar y promover los proyectos educativos de los distintos colegios -estatales y privados- otorgándoles la correspondiente autonomía para que puedan llevarlos a cabo, dando prioridad a todos aquellos establecimientos que hoy no logran alcanzar los estándares esperados para el correcto aprendizaje de sus estudiantes.