SEÑOR DIRECTOR:
La crisis de la educación municipal en Santiago, denunciada en diversos medios nacionales, evidencia una negligencia estatal que amenaza el derecho a la educación de miles de niños, niñas y adolescentes. La Dirección de Educación municipal enfrenta un déficit crítico, agravado por una sobredotación de más de mil contrataciones en los últimos años. Pese a que el presupuesto municipal se duplicó desde 2021, alcanzando los $16.860 millones en 2024, la calidad no ha mejorado y la crisis solo se agrava.
Como es habitual, el Colegio de Profesores se opone a la sola posibilidad de evaluar medidas concretas para enfrentar la sobredotación y el aumento de gastos, amenazando con paros, entre otros motivos, por el no pago de un “bono verano”. Por su parte, el Ministerio de Educación mira al techo y argumenta que no puede intervenir porque no es el sostenedor de los establecimientos.
Ante una flagrante amenaza al derecho a la educación, el Estado de Chile se declara un espectador impotente, atrapado en una densa maraña burocrática llena de principios y directrices, pero sin herramientas concretas para resolver problemas estructurales.
Es urgente impulsar reformas profundas que rompan esta parálisis. La educación debe ser declarada servicio esencial, estableciendo sanciones efectivas para quienes promuevan paros ilegales. Sí, los paros ¡son ilegales! Y el Estado no hace nada. El Ministerio de Educación debe aplicar las sanciones directamente, para apoyar al sostenedor y ejercer su responsabilidad de órgano rector. Es hora de que el Estado asuma su rol de garante del derecho a la educación y no se deje presionar por grupos de interés, aunque sean políticamente afines.
Juan Manuel Astorga
Juan Francisco Galli
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