El alcance de la “deuda histórica” docente

La semana pasada se instaló la última de las cuatro mesas de trabajo entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores con el fin de zanjar el tema de la llamada “deuda histórica”. Si bien esta materia forma parte de los compromisos de campaña del Presidente Gabriel Boric, su resolución enfrenta una serie de dificultades, partiendo por el hecho de que el propio gobierno reconoce que no hay fondos suficientes para ello, y que por lo mismo la autoridad ha condicionado éste y otros compromisos sociales a la aprobación de un pacto fiscal en el Congreso.

El gremio docente llevó a cabo recientemente un paro nacional, entre cuyas exigencias figuraba la deuda histórica. El gobierno se comprometió al envío de un proyecto de ley en diciembre, cuyos detalles se están abordando en estas mesas de negociaciones, pero ya se adelantó que sin perjuicio de que se partirá por los casos más urgentes, el compromiso es reparar a todos los docentes afectados.

Es legítimo preguntarse si un asunto que lleva décadas sin poder zanjarse podrá ser resuelto en pocos meses, considerando que hasta la fecha no está claro el universo de docentes potencialmente afectados, como tampoco los montos que conllevaría esta reparación. Un catastro del Mineduc estimó preliminarmente en 76 mil los docentes, pero el Colegio de Profesores ha hablado de que podrían ser hasta 100 mil. Respecto del monto a reparar, las cifras que se han manejado son muy dispersas; algunos lo han estimado en hasta US$ 17 mil millones. Asimismo, el Ministerio ha hablado de un pago reparatorio para la totalidad de los docentes, sin que hasta ahora se hayan entregado mayores detalles.

La llamada “deuda histórica” tiene su origen a comienzos de los años 80, cuando profesores de escuelas públicas fueron traspasados al sector municipal, lo que llevó a que muchos dejaran de recibir una asignación especial contemplada en el DL 3.551. Algunos municipios, sin embargo, decidieron mantener parte o el total del beneficio. Lo cierto es que a partir de la década de los 90 se inició una serie de litigios judiciales y administrativos para exigir el pago. Algunas sentencias han reconocido a los demandantes el monto adeudado, no así en otros, en tanto que la Contraloría en su interpretación ha acotado ese derecho.

La Cámara de Diputados, en un informe de 2009, reconoció la existencia de esta deuda histórica, donde sobre todo tuvo a la vista razones de orden moral hacia los profesores; en tanto, un fallo de la Corte Interamericana de DD.HH. (2021) le dio la razón a 86 profesores, pero lo que hace este fallo es reconocer que dichos docentes habían logrado sentencias favorables en tribunales chilenos, que por distintas razones se habían dejado de cumplir.

A la luz de estos antecedentes resulta evidente que hablar de una “deuda histórica” resulta cuando menos equívoco, pues sin perjuicio de que la Cámara la haya reconocido, y de que hay docentes que legítimamente han demostrado que se les adeudan beneficios, la dispar jurisprudencia judicial, administrativa y el propio proceder de distintas administraciones dan cuenta de que dista de haber un consenso aceptado sobre montos y beneficiarios.

Es tiempo de que el país zanje esta materia y precise con exactitud los alcances de estos compromisos; así como es una obligación del Estado saldar aquellas obligaciones legítimamente contraídas, el alto monto potencialmente involucrado exige especial cuidado con los recursos públicos. Esto debería ser determinado fruto de un debate amplio y técnico, y en ningún caso bajo presión.