El alto costo del voluntarismo y la improvisación

El indulto que concedió el Presidente de la República a doce condenados en el marco del estallido social, además de un exfrentista, ha dejado expuesto una cadena de errores y desaciertos que han terminado generando inesperadas repercusiones políticas, tal como se grafica en la renuncia de la ministra de Justicia y del jefe de gabinete del propio Mandatario. El jefe de Estado se vio en la necesidad de reconocer que hubo desprolijidades en la ejecución de los indultos, algo que si bien resulta insólito en un asunto de tanta trascendencia como éste -aún más considerando que hubo suficiente tiempo para analizarlo-, al final este episodio no hace más que graficar el amateurismo y el voluntarismo que han caracterizado buena parte de la gestión de esta administración. No debe sorprender que este comportamiento esté repercutiendo fuertemente en la popularidad del Presidente, donde según la última encuesta CEP el 61% de la población desaprueba su conducción, porcentaje que probablemente se ha incrementado en los últimos días.

Frente a la ola de críticas que se han desatado a raíz de la forma como el gobierno ha manejado el otorgamiento de indultos, es valorable que cuando menos se hayan hecho efectivas responsabilidades políticas por lo sucedido -particularmente tratándose de dos personas muy cercanas al Mandatario-, si bien es posible que ello haya estado motivado sobre todo para atenuar los efectos de la acusación constitucional que la oposición había anunciado contra la ahora exministra. Ello, sin embargo, no borra la imprevisión ni la preocupante falta de capacidad del gobierno para anticipar los frentes que se le iban a abrir.

Por de pronto, no se calibró que esta decisión desataría una fuerte disputa política con la oposición, al punto que Chile Vamos se bajó de la mesa a la que había convocado el propio Ministerio del Interior para liderar un acuerdo nacional en seguridad pública, además de las posibles acusaciones constitucionales que puedan sobrevenir. Pero tampoco se previó que este mal manejo tendría repercusiones al interior de la propia coalición de gobierno, donde la presidenta del PS ha manifestado su incomodidad en la manera como se ha llevado a cabo este proceso.

El propio jefe de Estado tampoco fue capaz de calibrar el alcance de sus palabras, pues si bien no resulta objetable desde un punto de vista constitucional ni legal que haya hecho uso de la facultad del indulto, es sorprendente que para justificar el beneficio al exfrentista Jorge Mateluna haya aducido irregularidades en el proceso judicial y que le asiste la convicción de que es “inocente”, excediéndose con ello en sus competencias, pues el indulto se limita a conmutar, reducir o eliminar una pena, pero no cambia la condición de condenado. Esto motivó una inédita respuesta del pleno de la Corte Suprema, que se vio obligado a recordar que es al Poder Judicial al único que le asiste la facultad de conocer y resolver las causas judiciales.

Aun cuando el Mandatario no ahondó respecto a qué tipo de desprolijidades se cometieron, debe ser clarificado por qué inicialmente fue informada una nómina de 11 indultados, y media hora después se agregaron otros dos nombres que expresamente el propio Ministerio de Justicia había informado que no serían objeto del beneficio. Aunque oficialmente se había atribuido este incidente a un “error comunicacional”, el hecho de que aparezcan decretos de indulto firmados en fechas distintas ha abierto la hipótesis de que no se trataría de un simple error, revistiendo a la decisión de una opacidad que resulta incomprensible.

Pero es probablemente en la forma como se han pretendido justificar estos indultos y los supuestos beneficios para el país donde se aprecia la mayor debilidad en el actuar del gobierno, trasluciendo una escasa capacidad para anticipar sus consecuencias. Por lo visto no se tomó el peso que cuando el Presidente dio por establecido que estos condenados no son delincuentes -a pesar de su nutrido prontuario- en los hechos se está transmitiendo una peligrosa señal, cual es que un actuar delictual no tiene consecuencias, justo cuando el combate a la delincuencia es hoy la mayor preocupación de los chilenos. Además, es esperable que los que aún restan de ser juzgados en el marco del estallido debieran ser los primeros en encabezar un nuevo listado de indultos si es que son condenados, lo que seguirá reavivando el tema. Tampoco se consideró que cuando el Presidente se muestra dispuesto a cuestionar una sentencia, como ocurrió en el caso Mateluna, no puede descartarse que, con igual derecho, cualquier condenado -después de todo, es seguro que todo reo siempre alega inocencia- pida en el futuro igualdad de trato. ¿Con qué argumentos se desestimaría una petición así?

Cuando el gobierno sostiene que con estas medidas excepcionales se busca restablecer la paz social, además de propender a la cohesión social y el reencuentro nacional, hay un evidente voluntarismo al pretender que se puede dar vuelta esta página por la sola voluntad presidencial, sin tomar en cuenta las demandas de otro sector de la sociedad. No puede perderse de vista que las víctimas de estos delitos sufrieron un grave daño, y resulta una evidente injusticia que para ellas no exista compensación alguna y en cambio deban contentarse con la impunidad. Al favorecer a una sola de las partes el hito del reencuentro se torna en algo irreal y es una oportunidad perdida, pero aun así ello no parece ser advertido por el gobierno.

Después de casi diez meses de mandato, no resulta admisible que se siga incurriendo en errores de esta naturaleza, con propuestas tan desprolijas y con evidente ausencia de una adecuada asesoría técnica, donde al final lo que parece prevalecer en la toma de decisiones es el voluntarismo o la improvisación, signo de que aún no se comprenden las responsabilidades de detentar el poder. Es el Mandatario quien en primer lugar debe tomar conciencia del daño que produce esta forma de actuar, y corregir este proceder, ya sea refrenando sus propios impulsos o dotándose de mejores asesores si es que tiene la convicción de que allí radica el problema. Las decisiones improvisadas o carentes de un buen diseño finalmente afectan los intereses del país, tal como ha quedado demostrado a raíz del caprichoso manejo de las relaciones exteriores, o en la errática forma de abordar la violencia en La Araucanía. El amateurismo, que otra vez ha quedado patente con esta crisis política que se infligió el propio gobierno, debería ser en ese sentido un punto de inflexión.