Por María José Naudón, abogada
Esta semana la Convención Constitucional votó las indicaciones al reglamento. Vamos por Chile propuso, entre otras, agregar algunos derechos y libertades esenciales al art. 64 que proponía un temario de derechos no taxativo que, dicho sea de paso, presenta un criterio de selección que desconcierta. Varias propuestas fueron acogidas, pero el pleno rechazó incluir la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos.
Esta decisión no solo contraviene convenciones internacionales vigentes sobre DD.HH., sino olvida que el origen mismo de la norma (Declaración Universal de los DD.HH. post Segunda Guerra Mundial) busca proteger a la familia y garantizar que el Estado cumpla su rol en materia de educación, pero no de forma exclusiva. Ante semejante aberración aparecen dos razones que podrían explicarlo: la primera, una aspiración totalitaria de terminar con la diversidad en la educación imponiendo un adoctrinamiento inaceptable por parte del Estado; la segunda, entenderlo como una acción declarativa que busca contradecir o negar algo que ha sido emblemático para la derecha y que representa una de sus grandes convicciones y banderas. Ambas resultan inadmisibles.
También esta semana se ratificó el texto original del término negacionismo, evidenciando una nueva irrupción de intolerancia. El reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos y el respeto a las víctimas representan un propósito legítimo y de vital importancia, sin embargo, el artículo aprobado cruza fronteras inaceptables más allá de la afectación a la libertad de expresión. La primera, igualar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura al estallido social. Dos eventos donde la distancia está dada no solo por el rol del Estado, sino porque los hechos aquí configurados tienen todas las posibilidades de ser juzgados en tribunales y se entremezclan con un mar de violencia y delitos gravísimos.
La segunda, incorporar al artículo la colonización europea y el proceso de constitución del Estado de Chile. Existe una diferencia radical entre el negacionismo y el revisionismo, estudio que revisita críticamente la historia para plantear lecturas que no coinciden con las que se han propuesto como oficiales. Siguiendo esta lógica es perfectamente posible oponer a una versión hispanista de la historia otra distinta, pero no es aceptable imponerla (ninguna de las dos, por supuesto). El problema radica en que la visión indigenista se convirtió en una bandera de lucha de la izquierda radical en América Latina, saliendo del ámbito del trabajo histórico, para hacer de ella un objetivo político.
Parece claro que ambos hechos no son coincidencia, y en este sentido resulta alarmante perder de vista que, como decía Wittgenstein, toda limitación al lenguaje implica un condicionamiento inevitable del pensamiento o lo que es lo mismo restringe la posibilidad de desarrollar ideas propias y opiniones libres. Y esto sí es gravísimo.
Visto así, es posible pensar que el peor daño al país y a la Convención no venga de quienes votaron rechazo sino de aquellos que aprobaron, pero lo hicieron pensando en no respetar las reglas e imponer su forma de ver el mundo.
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