El caso “líos de platas” vuelve a sacudir a La Moneda

El reciente informe que ha entregado la Contraloría General de la República respecto de las auditorías llevadas a cabo en 15 Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y nueve gobiernos regionales respecto a convenios celebrados con fundaciones en el marco del programa de asentamientos precarios, dejó de manifiesto que los líos de platas detectados en Antofagasta -donde quedó al descubierto un complejo entramado entre militantes de Revolución Democrática así como trasferencias de recursos a entidades sin ninguna experiencia- encuentran una alarmante ocurrencia en prácticamente todo el país.

Entre las múltiples irregularidades que fueron detectadas, figura la asignación directa de fondos sin concurso, ausencia de procedimientos formales para la selección de fundaciones, la no exigencia en la mayoría de los casos de boletas de garantía o vale vista, falta de procedimientos de control para evitar eventuales conflictos de interés, y ausencia de planes de trabajo en muchos casos. En el caso de los gobiernos regionales, uno de los hechos anómalos más recurrentes es la ejecución presupuestaria concentrada en pocos meses, falta de fundamentos en la asignación directa de iniciativas de inversión a entidades privadas ejecutoras, entre varios otros. También ha resultado llamativo que algunas fundaciones aparezcan con una abundante cartera de proyectos en varias regiones del país, cuya falta de resultados ha obligado al Ministerio a solicitar la devolución de los recursos. En otros casos han quedado a la vista evidentes nexos políticos entre funcionarios del Estado y representantes de las fundaciones.

Frente a esta realidad, se va acumulando evidencia que sugiere que la masividad de estos hechos no responde a un asunto casual, sino que parece encajar con un patrón, de tal manera que mediante el mecanismo de las fundaciones se encontró la forma de poder hacerse de cuantiosos recursos públicos, todo ello favorecido por una legislación laxa y evidentes fallas de control y fiscalización. La investigación del Ministerio Público será la encargada de determinar si en ello hubo delitos y el grado de responsabilidad que le cabe a cada estamento, pero es evidente que este cúmulo de antecedentes justifica hablar de que estamos en presencia de casos de corrupción o de una peligrosa degradación en los estándares de probidad, lo que de suyo ya es gravísimo y permite constatar la facilidad con que el Estado puede ser objeto de captura.

El caso “líos de platas” ha vuelto a golpear de lleno el corazón de La Moneda, cuyas implicancias políticas están en pleno desarrollo. Desde luego, resulta lamentable que la vocera de gobierno atribuya estos graves hechos a diseños institucionales del gobierno anterior, pretendiendo deslindar la responsabilidad que compete a funcionarios que han sido nombrados bajo esta administración.

Es evidente que tras el informe de Contraloría la presión sobre el ministro de Vivienda (PS) se ha acrecentado, donde sectores de oposición buscan hacer efectiva la responsabilidad política. Esto porque el rol del Ministerio queda muy cuestionado ante la falta de fiscalización frente a prácticas que estaban muy generalizadas, y porque el gobierno tuvo antecedentes de lo que estaba ocurriendo en Antofagasta mucho antes de que el caso se hiciera público, sin que durante ese período se adoptaran medidas de fondo. Todo indica que el blindaje desplegado hasta ahora por La Moneda hacia el ministro y otros funcionarios relevantes como la directora de Presupuestos o el jefe de asesores del Segundo Piso empieza a debilitarse.