El chavismo consolida su embestida
Con la decisión del Tribunal Supremo, que confirmó la inhabilidad de María Corina Machado para participar en las elecciones presidenciales, el régimen de Maduro despeja el camino para su reelección fraudulenta.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela determinó rechazar los recursos que había presentado la principal líder opositora, María Corina Machado, con el fin de lograr que fuera rehabilitada para participar en las elecciones presidenciales que deberían llevarse a cabo el segundo semestre de este año. Así, el gobierno de Nicolás Maduro logra asestar un duro golpe a las fuerzas de oposición y despejar el camino para su reelección fraudulenta.
Con esta determinación los acuerdos alcanzados el año pasado entre el gobierno y las fuerzas opositoras en Barbados, que entre otros aspectos apuntaban a asegurar que los representantes de oposición pudieran competir en los comicios, en la práctica han sido desechados, lo que abre la puerta para una profundización de la crisis política.
El régimen chavista viene desplegando desde hace tiempo una serie de maniobras para inhabilitar a las principales figuras opositoras, ya sea mediante abiertas persecuciones o bajo procesos judiciales que simplemente son una farsa. María Corina Machado ya había sido inhabilitada en 2015 bajo una serie de cargos espurios, pero un reciente dictamen de la Contraloría -acusándola de una serie de conductas irregulares- la inhabilitó por 15 años más.
Las primarias que las fuerzas opositoras llevaron a cabo en octubre dieron como resultado un arrollador triunfo en favor de Machado, pero apenas conocidos los resultados el régimen impugnó el proceso, y fue así como logró que el TSJ suspendiera todos los efectos de dicho proceso. Con el fallo conocido hace unos días en contra de Machado se ha terminado de consolidar la embestida indisimulada del régimen en contra de la oposición. Diversos sondeos han confirmado la fuerte impopularidad de Maduro, a la vez que indican que Machado corre con amplia ventaja para derrotar al chavismo, que lleva en el poder 25 años, primero con Hugo Chávez, y luego con Maduro.
Venezuela atraviesa no solo por una grave crisis política y económica, sino que además en el afán de perpetuación en el poder también se han desencadenado graves violaciones a los derechos humanos. De allí que la opción de contar con elecciones libres y competitivas resulta crítica, como primer paso para empezar a poner fin a esta tragedia, algo que con las embestidas del régimen queda ahora completamente en entredicho.
Más allá de los esfuerzos que desplegará la oposición para revertir este grotesco complot, la acción de la comunidad internacional será decisiva para presionar al régimen. En particular, se está a la espera del curso de acción que tomará el gobierno de Estados Unidos, considerando que en los acuerdos de Barbados Washington se comprometió a flexibilizar una serie de sanciones que pesan sobre sectores productivos clave de Venezuela, y que aseguran al régimen la entrada de divisas. Maduro aseguró recientemente que los acuerdos de Barbados con la oposición estaban “heridos de muerte”, por lo que resulta claro que la intención del régimen nunca ha sido cumplirlos, sino ganar tiempo hasta las elecciones.
Es lamentable que una serie de gobiernos de la región hayan guardado un vergonzoso silencio frente a esta situación, que socava cualquier posibilidad de auténtica democracia en Venezuela y que prolonga aún más la crisis.