El Congreso y su rol institucional

La controversia que se ha desatado en torno a dos iniciativas originadas en mociones parlamentarias -la extensión del posnatal en la emergencia sanitaria y la ley que acaba de aprobar el Congreso para postergar el pago de cuentas de servicios básicos- es ilustrativa de la pulsión cada vez mas acentuada entre parlamentarios por ganar protagonismo incluso a costa de quebrantar principios fundamentales de la institucionalidad, como es el apego a los límites y procedimientos que establece la Constitución. No se trata de un fenómeno atribuible a un solo sector, sino que a estas alturas cruza transversalmente el arco político, convirtiéndolo en terreno fértil para el populismo.

Los parlamentarios están llamados a recoger las inquietudes ciudadanas y buscar canalizarlas a través de los mecanismos previstos por la institucionalidad. Pero por atendibles que sean las causas que se busque representar, si se trata de materias cuya iniciativa legal corresponde exclusivamente al Presidente de la República -tal como ocurre con el caso del posnatal, por tratarse de una materia comprendida dentro de la seguridad social-, o si pudieren haber aspectos que eventualmente pongan en riesgo la estabilidad jurídica de una actividad económica, es deber del Congreso velar para que ello no se afecte.

Fue la propia presidenta del Senado quien envió una equívoca señal al declarar la admisibilidad del proyecto sobre extensión del posnatal -el cual ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, a pesar de su evidente inconstitucionalidad-, justificándose en que prefería incurrir en un “sacrilegio” a la Constitución antes que dejar de legislar sobre esta materia. Sorpresivamente, la sala del Senado rechazó la admisibilidad, donde resultaron clave cuatro votos de senadores de oposición -los DC Carolina Goic y Jorge Pizarro, Juan Pablo Letelier (PS) y Jaime Quintana (PPD)-, quienes argumentaron que a pesar de estar de acuerdo con dicho proyecto -e incluso haciendo ver su disconformidad con el actual esquema constitucional-, no cabía saltarse las reglas vigentes. Se trata de un valioso paso, que si bien les ha valido ácidas críticas desde su propio sector político, reivindica la importancia de asumir las responsabilidades institucionales.

 Dentro del oficialismo también se han podido observar diferencias de criterios respecto del apego al marco constitucional. Algunos de sus parlamentarios votaron de hecho a favor del proyecto de posnatal, y con ocasión del 18/O concurrieron con sus votos para aprobar mociones que elevaban el monto de las pensiones mínimas, desentendiéndose de que ello fuera una atribución privativa del Presidente de la República. La resistencia que encontró en Renovación Nacional la firma de un reglamento interno que obliga a los parlamentarios de Chile Vamos a ceñirse a la Constitución, es indicativo de estas crecientes tensiones.

 El Congreso no puede pretender transitar hacia una suerte de parlamentarismo de facto, porque ello no solo desnaturaliza nuestro actual sistema político sino que además pone en riesgo la gobernabilidad, un activo que será fundamental ahora que se cierne una crisis económica y social de una profundidad inédita.