El cuestionable actuar de la Municipalidad de Santiago

Luego del contundente pronunciamiento de la Contraloría General de la República, en el que se objeta la compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago -en particular porque no se logró justificar que se pretendiera pagar un valor que excede en cuatro veces su avalúo fiscal, además de otros hechos irregulares-, la alcaldesa Irací Hassler (PC) determinó no seguir adelante con esta operación. Pero esta decisión, si bien inevitable a la luz de los antecedentes conocidos, está lejos de apagar las implicancias surgidas a partir de este caso, así como las responsabilidades de las autoridades municipales.

Lo irregular de esta operación fue evidente desde un comienzo, especialmente por el alto precio de la compraventa, fijado en más de $8 mil millones. Este punto se hizo ver tempranamente, en particular porque la inmobiliaria que compró dicha propiedad -y que luego pretendió vender al municipio- la adquirió en poco más de $ 2 mil millones. El municipio se escudó en que dicho valor fue fijado por tres tasaciones independientes, algo que si bien se ajusta formalmente a lo dispuesto en la legislación, la Contraloría estableció que dichas tasaciones adolecían de una serie de defectos, que hacen imposible su trazabilidad.

A pesar de que le alcaldesa fue consultada en reiteradas oportunidades sobre este punto en distintas sesiones del concejo municipal, su respuesta invariable fue que dicha operación se justificaba para hacer frente a las crecientes necesidades de salud de la comuna -ella misma esgrimía el eslogan de que se trataría de la “primera clínica municipal”, cuestión que la Contraloría también objetó, haciendo ver que los municipios solo tienen facultades para ofrecer servicios de salud primaria-, y tanto ella como sus asesores directos remarcaron que el valor fue fijado por entes independientes.

La alcaldesa ha intentado minimizar su responsabilidad arguyendo que “no se ha pagado un solo peso”, pretendiendo así dar por zanjado el asunto, cuando lo relevante es por qué insistió en seguir adelante con una compraventa claramente viciada, desoyendo todas las críticas, y que solo se detuvo gracias a los requerimientos que se presentaron ante la Contraloría.

Sin perjuicio de que es a Hassler a quien cabe la mayor responsabilidad -su figura ha quedado muy debilitada a raíz de este episodio-, el concejo municipal también debe examinar el rol que tuvo en todo esto, pues dicha instancia fue la que en último término aprobó la operación. Ello ocurrió en la sesión del 18 de enero, por diez votos a favor, con la abstención de una sola concejala independiente-, a pesar de que ya en esa oportunidad se hizo presente el punto de la diferencia de precio. Y si bien con el paso de las semanas distintos concejales comenzaron a levantar la voz ante lo irregular de la situación, es evidente que hubo falta de firmeza, exceso de confianza y un cuestionable blindaje de los concejales políticamente afines a la alcaldesa, donde el PC y el Frente Amplio dominan dicho concejo.

Tal blindaje ha alcanzado niveles bochornosos, pues el PC ha decidido brindar todo su respaldo político a la figura de Hassler, pretendiendo desviar la atención hacia una supuesta operación política orquestada desde la oposición. Ello a pesar de los fundados reparos que ha formulado la Contraloría y de que se han abierto causas judiciales para indagar posibles responsabilidades penales. No se advierte interés alguno por dejar que las instituciones funcionen y que los hechos se despejen en todos sus alcances ante la ciudadanía. El celo que se advierte en este partido para denunciar los actos irregulares cometidos en comunas a cargo de alcaldes de oposición aquí en cambio desaparece en favor de sus propios intereses políticos. Es una señal muy perturbadora, porque indica que antes que velar por el correcto uso de los recursos públicos y la probidad en la administración del Estado, importan más los cálculos cortoplacistas.