El drama de las listas de esperas en salud
El hecho de que más de 10 mil personas hayan muerto en el primer cuatrimestre sin haber recibido la prestación médica que esperaban constituye un fuerte llamado de atención a toda la sociedad.
El gobierno ha hecho hincapié en que las listas de espera -probablemente el mayor problema que enfrenta la salud pública y los millones de pacientes que allí se atienden- han logrado disminuir tanto en cirugías como en atenciones médicas. Gracias a una serie de medidas que ha adoptado la autoridad, la mediana para el caso de los tiempos de espera en consultas de especialidad disminuyó de 336 a 261 días, mientras que en el caso de las cirugías el tiempo de espera se ubica en 330 días; el año pasado este último indicador se ubicaba en 490 días, lo que se traduce en una caída de 32%.
Son números ciertamente alentadores, pero que en ningún caso deberían llevar a perder de vista el drama que estas estadísticas ocultan, pues si bien se ve una mejora, estos niveles de espera siguen siendo demasiado elevados, constituyendo una realidad intolerable para muchos pacientes que deben esperar cerca de un año para resolver determinadas necesidades de salud. Un elemento que hace aún más dramático este panorama lo constituyen los pacientes que mueren esperando por una atención. De acuerdo con un informe que recientemente envió el Ministerio de Salud a la Cámara de Diputados, en el primer cuatrimestre de este año más de 10 mil personas que estaban en lista de espera fallecieron sin haber recibido la prestación que esperaban. Como han explicado algunos especialistas, es probable que exista algún tipo de correlación entre el tiempo de espera y la causa de muerte, lo que hace inevitable que constituya un fuerte llamado de atención a toda la sociedad,
No hay duda de que el trastorno que ocasionó la pandemia llevó a que las listas de espera en el sector público aumentaran en forma dramática, lo que hace evidente que normalizar esta situación tomará tiempo. El problema es que “normalizar” en este caso no implica llevar a niveles mucho más reducidos los tiempos de espera, sino que volver a enfrentarse al cuadro que teníamos hasta antes de la pandemia, el que ciertamente en este ámbito ya dejaba mucho que desear. Por ejemplo, en 2018 el promedio de espera para una cirugía llegaba a 385 días. Tanto entonces como actualmente, una de las cirugías con mayor retraso es la de tipo traumatológica, mientras que en el caso de las consultas de especialidad, otorrinolaringología y oftalmología seguían entre las más pendientes.
Resolver este problema requiere de aumentos presupuestarios, pero también de mejor gestión, y en ello se ha venido avanzando, como por ejemplo una mayor utilización de pabellones que solo se ocupaban parte del tiempo. En esto es fundamental transitar por los caminos técnicos, evitando las fórmulas ideológicas, como insisten determinados sectores. En ese sentido, el hecho de que algunos no vean riesgo en que colapse el sistema Isapres -incluso es algo que verían con buenos ojos- supone una enorme irresponsabilidad, pues es evidente que el sistema público se vería aún más presionado de lo que ya está. Sorprende por lo mismo que poco y nada se sepa en qué va la ley corta de Isapres para supuestamente evitar su colapso tras el fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de la tabla de factores.
Tampoco es una buena señal que el Presidente Boric haya vinculado el seguir acortando las listas de espera a que se apruebe la reforma tributaria, porque con ello el debate se politiza y hace más difícil alcanzar las soluciones que se requieren.
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