El fin de las constituciones de autor

Tres párrafos dedicó el Presidente de la República, Sebastián Piñera, al plebiscito de octubre, todos ellos deslavados, más bien la constatación burocrática de la existencia del evento en el horizonte. Un evento que actores oficiales han puesto en tela de juicio repetidas veces, sea porque la violencia no ampara las confianzas, porque los partidos no dan garantías necesarias o porque la pandemia lo volvería contraproducente. Contra este empuje tan anémico, la ciudadanía parece aprestarse a votar, no gracias al gobierno, sino a pesar del gobierno.

Dos de cada tres chilenos, de acuerdo con la más reciente encuesta Criteria, consideran que el plebiscito del 25 de octubre no puede postergarse. Y tres de cada cuatro declaran que votarán por el apruebo.

Así, en tanto algunos insisten en correr el riesgo de contagiarse apiñándose por las ofertas de una tienda de retail, la mayoría de los ciudadanos de Chile insiste en ir a las urnas a votar, por más que un puñado de muy oportunos alarmistas quiera hacerlo parecer riesgoso.

El retiro del 10% de las AFP amenazado bajo el argumento de su Inconstitucionalidad; la lenta e impotente respuesta del gobierno ante la pandemia, especialmente frente a los privados; la dificultad de desmontar maquinarias de lucro y resquicios legales que dicen ser garantes de la seguridad social y sanitaria; el consumo de los propios fondos de cesantía bajo el rótulo “protección al empleo”: todo ello grita nueva Constitución.

Y mientras el gobierno insiste en disminuir el número de parlamentarios cuanto antes, para retornar a las cómodas haciendas del binominalismo, o lo que más se le parezca, chilenos y chilenas han comprendido que es tiempo de doblarle la mano a la historia de las constituciones en este país.

Porque, aunque nuestra vida republicana consigna varias constituciones, la mayoría corresponde a ensayos constitucionales y períodos excepcionales. Las constituciones que más tiempo han regido son la de 1833, la de 1925 y la de 1980. ¿Qué tienen en común? Uno: en todas ellas, los constituyentes cabrían en el living de una casa. Y dos: todas ellas fueron, en último término. concebidas por una sola cabeza. Son, en el más estricto sentido de la palabra, constituciones de autor, en las que solo una persona determinaba el contenido, los derechos y los enfoques de la carta fundamental de la nación.

La constitución de 1833 tuvo siete constituyentes, pero lleva el rótulo de Mariano Egaña; la de 1925 tuvo, formalmente, una comisión destinada a decidir el proceso de aprobación del texto, que solo se reunió tres veces, sin mucha trascendencia, pero el contenido lo resolvieron nueve constituyentes elegidos directamente por el presidente Arturo Alessandri, quien, de yapa, presidía la comisión. Esa constitución lleva su firma, así como la de 1980, a pesar de la comisión Ortúzar, lleva la de Jaime Guzmán.

Hoy, por primera vez, la Constitución podría ser decidida entre personas que no caben en el living de una casa. Por primera vez en la historia, el texto constitucional puede emanar de un corpus de personas elegidas exclusivamente con ese propósito, mandatadas y fiscalizadas por la ciudadanía, y que represente no solo la perspectiva de una clase dominante, sino de la totalidad del pueblo soberano. Hoy puede ser el fin de las constituciones de autor.

Hay quienes ven en esta promesa una amenaza, el miedo al caos, el fantasma del populismo. Hay quienes querrían que la política se “ordenara” y fuera nuevamente lo que fue hasta hace algunos años. Cuesta comprender que la política como la conocimos se acabó, la representación del siglo XX se está abriendo a un tipo de asociatividades diferentes de los partidos y, sobre todo, de representaciones políticas más horizontales, menos permanentes y más fiscalizadas.

La crisis institucional y de legitimidad que vive nuestra democracia tiene, en el plebiscito del 25 de octubre, una oportunidad impostergable y única en nuestra historia. Una oportunidad que quizás el gobierno haría bien en hacer suya, promoviéndola activamente, en lugar de sufrirla como una monarquía agónica ante el empuje popular.