El gobierno atrapado en las “dos almas”

A pesar de que tanto el proyecto de ley que endurece las penas en el caso de las usurpaciones y aquel que penaliza el porte injustificado de combustible en el marco de reuniones en lugares públicos formaban parte de la agenda de seguridad que el Ejecutivo y la oposición acordaron priorizar -lo que anticipaba una tramitación expedita-, esta semana fue evidente que lejos de haber logrado capitalizar estas iniciativas a su favor y dar una señal clara ante la ciudadanía de que el combate a la delincuencia se enfrentará sin ambigüedades, el gobierno salió duramente derrotado, dando cuenta una vez más de las crecientes dificultades que tiene esta coalición para asentar una gestión ordenada y coherente.

El extenso veto que esta semana anunció el Ejecutivo sobre el proyecto de usurpaciones enredó todo, pues originalmente la intención del gobierno era objetar la introducción de la figura de la legítima defensa privilegiada -por el riesgo de que alentara el enfrentamiento entre civiles-; pero las presiones sobre todo provenientes del PC y el Frente Amplio para que el veto también cuestionara que las usurpaciones sin violencia en las personas o cosas fueran castigadas con presidio y no con multa terminaron enviando una señal muy equívoca, porque el gobierno aparece cediendo frente a sectores que siguen viendo en las tomas una forma legítima de protesta o de conseguir reivindicaciones sociales. Dicho veto abrió además un complejo flanco con la oposición, que acusa de que con ello se desnaturaliza el sentido de esta ley. Lo concreto es que ni siquiera hay certeza de que estén los votos suficientes para aprobar parte o el total del veto, con lo cual el gobierno, además de perder el control de la agenda en un tema clave, arriesga exponerse a un monumental fracaso.

En materia de porte injustificado de combustible había acuerdo en la coalición de gobierno que penalizarlo con cárcel era desproporcionado, pero la oposición logró introducir una indicación en ese sentido. Al momento de la votación final algunos parlamentarios oficialistas terminaron dando sus votos a favor, lo que permitió aprobar el proyecto, quedando como un triunfo de la oposición y una nueva derrota para el gobierno. Es cierto que este desorden en las fuerzas oficialistas permitió que la ley finalmente se aprobara, pero el desaguisado vuelve a poner de relieve los problemas de gobernabilidad que enfrenta esta coalición, en buena medida producto de las visiones contrapuestas que conviven en su interior. Es un hecho que quien ha debido absorber los mayores costos políticos por estos traspiés ha sido la ministra del Interior, lo que es resentido por el Socialismo Democrático, que reprocha la ausencia de los ministros de Apruebo Dignidad a la hora de enfrentar estas derrotas y sus zigzagueantes posturas para enfrentar materias de orden público.

Otra vez se reflejan aquí las “dos almas”, un fenómeno que ha acompañado al actual gobierno desde sus inicios, y que ha complicado la gestión en diversos ámbitos. Resulta evidente que las diferencias entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático son ya difíciles de seguir ocultando, pero ciertamente ello es más grave cuando estos desacuerdos repercuten directamente en ámbitos tan sensibles para la ciudadanía como el orden público y la seguridad, donde la población espera señales claras sobre la forma de combatir el delito.

La dificultad para conciliar visiones más extremas con aquellas más moderadas quedó recientemente a la vista a propósito de la conmemoración de los 50 años, donde la aspiración de que esta fecha fuese una instancia más convocante y reflexiva terminó amagada por las presiones de aquellos sectores que ante todo buscaron imponer una mirada excluyente. En materia de política exterior también se han visto desacuerdos muy evidentes en la forma como ponderar la defensa de los derechos humanos y condenar aquellos regímenes que han devenido en dictaduras, donde es manifiesto que la claridad que en este ámbito ha mostrado el Presidente Gabriel Boric no ha sido acompañada por el flanco más extremo. Lo propio ha ocurrido en salud, donde frente a la crisis que viven las Isapres sobre todo a raíz del fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores, algunos sectores vieron la oportunidad para dar el golpe de gracia al sistema, antes que pensar en el bienestar de los afiliados.

La desaprobación mayoritaria a la gestión del gobierno que los estudios de opinión vienen mostrando desde hace tiempo, y las dos derrotas electorales consecutivas que ha experimentado, son los costos inevitables de gobernar con “dos almas”, algo que esta semana volvió a confirmarse y que anticipa un complejo futuro para la coalición.