El grave precedente que se instala con el despido del subsecretario de Previsión Social

La petición de renuncia de un subsecretario es generalmente un hecho no demasiado significativo dentro de un gobierno. Son cargos de exclusiva confianza del Presidente, por lo que se entiende que si ella ya no existe, es natural que la persona deje su cargo. A pesar de ello, el caso de la salida del subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, se ha convertido en un tema mayor, donde se conjugan una serie de complejos acontecimientos tanto de forma como de fondo.

Si bien todo partió de forma regular, donde el gobierno a través de un comunicado informó que el Presidente Boric había aceptado la renuncia de Larraín, sin dar más razones, la noticia igualmente causó sorpresa, por el rol central que ha jugado el ahora exsubsecretario en la reforma previsional, uno de los pilares centrales del programa de la actual administración. Con todo, el asunto adquirió una nueva veta cuando el lunes de esta semana este medio reveló que el verdadero motivo de la renuncia sería la existencia de una supuesta denuncia de acoso sexual, cuya gravedad habría llevado al Mandatario a solicitar su dimisión. De ahí en adelante, todo se transformó en una comedia de equivocaciones, donde varios ministros tuvieron que salir a contener daños por la situación creada.

Primero por la forma. Como señaló el propio involucrado, fue la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien al momento de pedirle la renuncia le advirtió de la existencia de denuncias en su contra, pero no le dio mayores antecedentes al respecto, algo del todo inusual, dada la gravedad que tiene cualquier acusación de acoso sexual. Lo insólito de la situación es que a esa fecha no había ninguna denuncia formal contra Larraín, ni investigación sumaria relacionada al tema, como lo ha reconocido el mismo gobierno. Días después, se ha dicho que aquello habría sucedido, lo que, en todo caso, aún no ha logrado despejar las suspicacias. Ello se ve potenciado ante lo impreciso de los cargos, pues se ha hablado de “acoso”, pero también de “conductas que no eran del todo positivas”, o “problemas de convivencia interna”, lo que evidentemente habría quedado más claro si es que hubiese habido una investigación previa que acreditara los hechos y su naturaleza antes de aplicar una sanción, considerando que en vez de optar por una causal de “pérdida de confianza”, que no requiere de justificación, se adujo el tema del acoso.

En este sentido, el proceder de la ministra resulta inexcusable para cualquier funcionario, pero sobre todo para quien oficia de ministra del Trabajo. Siendo ella quien debe velar y fiscalizar por que las normas laborales se cumplan y se respeten los derechos de los trabajadores, resulta muy complejo que en este caso se esté dando la impresión de que dichos protocolos pudieron haber sido vulnerados. Ella debería estar consciente que no puede inculpar de acoso y pedir la renuncia a un funcionario antes de recibida una denuncia formal y sin haber investigado al respecto.

De esta manera, se sienta un nefasto precedente del que hasta ahora nadie ha dado explicación alguna. Porque a medida que más ministros comentan del tema, la versión es más confusa. Pues bien, el asunto amenaza con complejizarse más para la ministra, luego de que el afectado, “aduciendo una cultura de cancelación sin investigación previa por parte de la ministra”, anunció que recurrirá a la Contraloría o directamente a los tribunales, presentando una querella por injurias, para lo cual cuenta con la representación de un destacado penalista. Más allá de las responsabilidades finales -donde se determinará si los hechos denunciados tienen o no fundamento-, resulta indispensable que la forma de proceder de la autoridad en este caso se aclare pormenorizadamente.

Pero el episodio también ha abierto una segunda arista, esta vez de carácter político, y que da cuenta de las marcadas diferencias que existían entre la ministra del Trabajo y el exsubsecretario, algo que fue reconocido abiertamente por este último y también por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien señaló que había molestia con Larraín por la ocasión en que hizo ver públicamente las escasas opciones de prosperar que tenían las denominadas cuentas nocionales, un aspecto clave del componente solidario de la reforma de pensiones que impulsa que Ejecutivo. “No es bueno dar ese debate por los medios de comunicación”, dijo Tohá.

Todo este embrollo también ha dejado traslucir diferencias al interior del propio gobierno. Así, mientras la ministra Jara no dudó en declarar respecto del exsubsecretario que “hay personas que se creen imprescindibles y que las cosas pasan en atención a ellos” -un tono que ciertamente llamó la atención en el ambiente político-, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue tajante en señalar que Larraín “fue clave en la arquitectura del proyecto que presentó el gobierno e hizo un gran trabajo”. Las palabras de Marcel coinciden con las de parlamentarios que han trabajado en la reforma, quienes destacaron al exsubsecretario como una figura dialogante y abierta a flexibilizar la propuesta original, frente a una posición mucho más dura de la ministra Jara.

Con todo esto queda en duda entonces el llamado del propio Presidente Boric en su cuenta pública, quien se allanó a buscar todo tipo de acuerdos para sacar la reforma previsional.