El lamentable epílogo del veto presidencial

El veto que presentó el Ejecutivo para salvar su proyecto que busca llevar a cabo la próxima votación de octubre en dos días sin duda quedará instalado como uno de los peores episodios que ha vivido nuestra historia política moderna.

La indisimulada intención que tuvo el gobierno por cambiar las reglas electorales a último momento, de modo que los votantes extranjeros quedaran eximidos de multa en caso de no sufragar, fue una maniobra irresponsable y totalmente ajena a nuestra tradición, solo posible de explicar por el intento de favorecer a determinados candidatos del oficialismo.

El revuelo que provocó esta decisión del Ejecutivo -que ya venía anticipándose luego de que la Cámara de Diputados había eliminado las multas para todos los electores, desvirtuando con ello el voto obligatorio-, ha sido finalmente revertida, pero el tenor del veto que fue ingresado para restituir las sanciones -y restablecer otros cambios que habían quedado en el camino, como reducir el reembolso fiscal por voto a partidos y candidatos- solo refleja una lógica transaccional, alejada de una discusión de principios y de una racionalidad elemental. Esto no hace más que revelar que todavía no se dimensionan las implicancias de este proceder, algo que ciertamente resulta muy preocupante porque deja abierta la posibilidad de que una maniobra de este tipo se pueda repetir en el futuro.

La propuesta del Ejecutivo contempla una multa para todos los electores, incluidos los extranjeros, pero con un monto único de apenas $33 mil, muy lejano de lo que había sido su propuesta original, que establecía sanciones de hasta $ 200 mil, monto máximo que iba en línea con lo aplicado en procesos electorales anteriores, sin que ello hubiese sido cuestionado por ningún sector político. A su vez, como forma de “compensar” al oficialismo se estableció que el domingo sería feriado irrenunciable, supuestamente como forma de favorecer a los trabajadores y así facilitar su derecho al sufragio.

Para un sector de la oposición el monto establecido por no sufragar es desde ya cuestionable, no solo porque equipara el incumplimiento de este deber cívico con otras faltas menores, sino porque tampoco es claro que constituya un disuasivo efectivo, lo que resulta incoherente cuando el sufragio se ha establecido constitucionalmente como una obligación, en el entendido de que votar forma parte de los deberes que ha de cumplir todo ciudadano, y que asegurar la concurrencia de la mayor cantidad de electores le hace bien a nuestra democracia.

Interpelado el gobierno por haber cambiado de criterio y establecer una sanción tan baja, la ministra del Interior retrucó con ironía: “Se nota que no tienen problemas de bolsillo”, reafirmando la frivolidad con que el Ejecutivo ha abordado esta materia y la ausencia de razones de fondo que justifiquen este proceder. El hecho de que apenas oficializado el veto hubo que hacer cambios sobre la marcha para eliminar dos “innovaciones” de último minuto y que fueron muy cuestionadas -eximir de multa a los mayores de 70 años, así como a las “personas gestantes” en cualquier etapa del embarazo- no solo revela una manifiesta desprolijidad, sino que sigue denotando los intentos desesperados por torcer el espíritu de la ley.

También son evidentes las gruesas contradicciones que subyacen a la idea de haber establecido el domingo como feriado irrenunciable. Por de pronto, no se ha entregado ninguna razón de peso que justifique haber innovado en este aspecto, pues nuestra legislación electoral ya contempla facilidades para que los trabajadores ejerzan su derecho a sufragio, en tanto que los centros comerciales deben permanecer cerrados. Bajo estas reglas -vigentes desde hace mucho tiempo- en el plebiscito del año pasado sufragó el 85% del padrón, la segunda mejor participación con voto obligatorio. ¿Por qué entonces la necesidad de un feriado irrenunciable?

Por lo demás, si es que genuinamente se estimara que es indispensable que las jornadas electorales deben ser con feriado irrenunciable porque así se beneficia a los trabajadores, entonces no se entiende por qué no hacer también el sábado como jornada irrenunciable. Está bien medido que los feriados irrenunciables generan altos costos para la economía, restando a los propios trabajadores posibilidades de obtener mayores ingresos, de modo que el criterio de la irrenunciabilidad al final solo termina perjudicando a quienes supuestamente se busca beneficiar.

El contrasentido es todavía mayor si se considera que lo que se propone atenta contra la lógica misma de este proyecto de ley, que busca incentivar a que los electores se distribuyan en dos días, justamente para evitar que una jornada donde habrá que emitir cuatro votos se concentre el domingo. Si finalmente la mayor parte termina votando en un solo día, producto de incentivos totalmente equivocados, esta reforma habrá sido una gigantesca pérdida de tiempo y recursos.

Todo este cúmulo de contradicciones solo deja al descubierto que el oficialismo ya no está pensando en el mejor interés del país, sino en cómo conseguir ventajas cortoplacistas, pasando por alto los dañinos efectos que ello conlleva para los trabajadores y para nuestra democracia. ¿Asumirá alguien la responsabilidad si votan menos personas, o si la elección en dos días termina en un fiasco? Es en este contexto que el Congreso deberá pronunciarse sobre este veto, cuando el lunes vence el plazo para la inscripción de candidaturas ante el Servel y solo restan tres meses para los comicios. Es inaudito haber llegado a un escenario así, ante lo cual solo cabe preguntarse si nuestro sistema político sabrá extraer las lecciones del caso.