El muy complejo “segundo tiempo” que enfrentará La Moneda

cambio de gabinete

Ante el cúmulo de problemas aún sin solución, como la delincuencia y el narcotráfico, y el advenimiento de una recesión, el gobierno debe entregar a los partidos el tema constitucional y enfocarse en la gestión. Si falla en ello, se podría incubar una nueva crisis social.



Desde el mismo gobierno se ha transmitido la noción de que tras el plebiscito del fin de semana pasado, y la conformación de un nuevo gabinete, con claro predominio de fuerzas asociadas al Socialismo Democrático, ha comenzado un “segundo tiempo”. Ciertamente que para una administración que recién cumple seis meses debe ser muy difícil digerir una derrota de proporciones como la que acaba de experimentar en las urnas y verse forzada a dar un giro en sus orientaciones, pero la realidad, una vez más, termina por imponerse inexorablemente.

El Mandatario debe ser consciente de que en esta nueva etapa su rol ha de ser muy distinto al que jugó en el ciclo anterior, al haberse involucrado él y su propio gobierno de manera imprudente en la aprobación del proyecto constitucional que, en definitiva, fue ampliamente rechazado, descuidando otros quehaceres centrales. Han sido seis meses marcados por una serie de errores en la conducción política, de constantes zigzagueos en materia de orden público -ello fue particularmente evidente en la reticencia que despertó la aplicación del estado de emergencia en la Macrozona Sur, o el que inicialmente se defendiera la tesis de que en Chile hay “presos políticos”- y un desdibujamiento de las prioridades, lo que ha llevado a una sensación de desorden en el país y prematuro desgaste del gobierno.

Hay algo claro, y es que esta nueva etapa tendrá que ser enfrentada en un entorno económico y social particularmente complejo, pues junto a los problemas de delincuencia, narcotráfico y violencia terrorista en el sur, que generan una sensación de temor e inseguridad intolerable, se suma ahora una previsible recesión -cuyos efectos se podrían dejar sentir hasta bien entrado el 2023- agravada por una persistente inflación, todo lo cual configura un cuadro que si no tiene una salida eficaz se puede tornar en nuevo foco de grave inestabilidad social y política.

En ese contexto, la discusión constitucional que se ha iniciado tras el plebiscito tendrá que correr necesariamente en paralelo, pero el gobierno de ninguna manera puede pretender jugar ahí un rol central, sino que debe entregarlo a los partidos y al Congreso -como de hecho está sucediendo- y abocarse urgentemente a enmendar la gestión y focalizarse en estos problemas. Es fácil advertir, por lo demás, que ante el escenario que se avecina, la discusión constitucional -al menos durante un tiempo- no captará el mismo interés para la ciudadanía, cuya preocupación central serán estos otros temas que están aflorando con especial intensidad.

Salir de este atolladero requerirá particular destreza y habilidad política por parte del Mandatario y su gobierno, y en ello la flexibilidad y capacidad de diálogo serán indispensables. Inevitable será que el Jefe de Estado se abra a reconsiderar los ejes de su propio programa, los que deberán ser analizados con el realismo que impone el nuevo cuadro político, que ante todo busca estabilidad y reformas que sean sustentables. Boric enfrentará difíciles tensiones entre aquellos sectores de su coalición que no estarán dispuestos a transar, versus aquellos que buscarán criterios de flexibilidad. El Mandatario anticipó que no habrá “ni un paso atrás”, frase que probablemente fue dirigida a calmar los ánimos del PC y núcleos del frenteamplismo, pero que no van en sintonía con la actitud que ahora se requiere.

En ese orden de cosas, se ve muy difícil que una reforma tributaria como la que pretende llevar a cabo el gobierno -aspirando a recaudar 4,1 puntos del PIB- se pueda aprobar en los mismos términos planteados, ni menos con la celeridad que pretende, pues introducir una abultada recarga en los impuestos justo en la antesala de una recesión sería inentendible. De persistir en ese camino, el ministro de Hacienda tendría que justificar por qué algo así sería lo que el país requiere y cómo aseguraría que con ello no se agravará la crisis. Los cambios en materia laboral, previsional, minero, entre otros, deberán examinarse bajo estos mismos criterios de prudencia.

Gobernar es ante todo negociar, para llegar a acuerdos en beneficio del país. En este “segundo tiempo”, tales predicamentos serán más ciertos que nunca, y el Presidente tiene la oportunidad de salir fortalecido si así lo comprende, para lo cual cuenta con un clima político más favorable tras el plebiscito, al haber debilitado las posturas más extremas.

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