El olvidado drama de Nicaragua

“La situación de derechos humanos de Nicaragua ha seguido deteriorándose (…) hoy reina un duro clima represivo”. Así partió a comienzos del mes pasado la alta comisionada adjunta para los derechos humanos su actualización sobre la grave situación política y social en Nicaragua. Un balance que dio cuenta del empeoramiento sostenido del respeto a las garantías individuales en la nación centroamericana a días de que se cumplan 18 años desde la llegada por segunda vez al poder de Daniel Ortega. Una deriva autoritaria que se endureció tras las protestas de 2018, que dejaron más de 500 muertos y 1.300 desaparecidos, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.

En estas casi dos décadas en el poder, Ortega y su esposa Rosario Murillo han ido convirtiendo el país en un verdadero feudo familiar. No solo han perseguido y expulsado del país a la oposición política, sino que también silenciaron a las organizaciones de la sociedad civil -1.500 ONGs fueron cerradas en 2024- e incluso a las iglesias. En noviembre pasado, fue expulsado del país el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera, el tercer obispo enviado al exilio solo el año pasado. A ello se suma la abierta persecución a los medios de comunicación, que han sido cerrados, sus directivos detenidos y expulsados y sus bienes confiscados.

Pero en su camino hacia el control total del poder en Nicaragua, el régimen dio dos pasos decisivos en los últimos meses. El primero fue la aprobación de una amplia reforma constitucional, que incluye la inédita creación de la figura del copresidente o copresidenta, lo que convertirá a ese país en el único con una jefatura de Estado bicéfala. Un cambio hecho a la medida de la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, cuyo poder en el régimen se ha venido consolidando a lo largo de los años. Pero además de ello, los cambios sepultan definitivamente la separación de poderes en el país al convertir a la Presidencia en el ente “coordinador” de los demás poderes del Estado.

A lo anterior se suman la recién aprobada ley de administración del sistema monetario y financiero y la ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas. La primera delega en la Superintendencia de Bancos el control total sobre las instituciones financieras y en la práctica pone fin al secreto bancario, al obligar por ley al sistema financiero a entregar a las autoridades toda la información que esta solicite. Por su parte, la norma sobre las sanciones decreta “nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones” internacionales y las entidades que nieguen la provisión de bienes, argumentando sanciones, podrán ser suspendidas temporal o permanentemente.

Como apuntaba el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua en septiembre pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el aparato del Estado en ese país “sigue facilitando, coordinando y ejecutando graves violaciones y abusos de derechos humanos”. Todos los grupos que gozaban de algún tipo de autonomía han sido perseguidos y se ha llevado a cabo una expulsión masiva de ciudadanos, a los que se les ha quitado su nacionalidad, quedando muchos de ellos en calidad de apátridas. Un escenario dramático que exige a la comunidad internacional redoblar sus esfuerzos para impedir que la situación nicaragüense caiga en el olvido.