SEÑOR DIRECTOR:
El revuelo causado por el pago a cuentagotas de las Isapres a sus clientes ha sido un tema de la agenda estos días. Sin embargo, esta situación no es nueva, ya que se conocía desde el debate legislativo de la Ley Corta, que buscaba salvaguardar al sistema privado de seguros de salud. En este contexto, es relevante recordar que las Isapres cubren alrededor del 15% de la población, porcentaje que podría seguir a la baja debido a la “fuga” de usuarios hacia Fonasa, que abarca al 85% de la población nacional.
El verdadero meollo del asunto radica en la integración vertical de las Isapres, con las clínicas y otros centros de salud. No era sencillo dejar caer a estas aseguradoras, ya que su colapso traería consigo el cierre probable de gran parte de la cartera de atención del sector privado. En este escenario, se afectaría al 15% de los afiliados a Isapres y también tendría repercusiones para los beneficiarios de Fonasa, que deberían asumir la demanda de atención de un sistema ya sobrecargado. Es lo que la autoridad sanitaria seguramente quiso evitar.
Es importante reconocer que, aunque nuestro sistema es mixto (público-privado), existe un uso intensivo de los servicios públicos. Por ende, plantear la desaparición de las Isapres sin fortalecer adecuadamente a Fonasa, o incluso considerar la implementación de un seguro único sin las reformas necesarias, podría generar una crisis aún mayor en el sector salud.
El desafío actual no radica solo en cuestionar el modelo de las Isapres, sino entender que cualquier reforma debe venir acompañada de un fortalecimiento real del sistema público de salud, garantizando acceso equitativo y de calidad para toda la población. De lo contrario, corremos el riesgo de agravar las inequidades existentes y dejar al sistema de salud en una situación aún más vulnerable.
Diego Silva
Académico de la Facultad de Medicina, U. Central
