SEÑOR DIRECTOR:
Michael Clark enfrenta graves consecuencias si la CMF confirma las infracciones investigadas. Según la Ley de Mercado de Valores, la omisión de una oferta pública de adquisición en un cambio de control, si era exigible, podría implicar multas de hasta 30.000 UF. Además, habría sanciones adicionales si se comprueba que la información entregada a la CMF es falsa, incompleta o tardía. Por uso de información privilegiada, las multas podrían duplicar las ganancias obtenidas, y en caso de dolo, enfrentar penas de presidio menor de tres a cinco años.
Bajo la Ley de Sociedades Anónimas, los riesgos también son altos. Si las decisiones de Clark como controlador de Azul Azul dañaron a accionistas minoritarios o al club, podría ser sancionado por conflictos de interés e incumplir deberes fiduciarios, lo que incluiría multas, reparaciones y, en casos graves, inhabilitación para ocupar cargos directivos en sociedades anónimas.
Por otro lado, la Ley de Delitos Económicos contempla penas de hasta 10 años de cárcel y multas proporcionales si se prueba administración desleal, beneficiando indebidamente a Clark o perjudicando a la sociedad.
El impacto reputacional será inevitable, afectando la confianza en el mercado financiero y la comunidad deportiva. Esto no solo daña la imagen de Clark, sino también la estabilidad de Azul Azul, complicando la recuperación de la confianza de inversionistas, hinchas y público.
Este caso refleja la importancia del cumplimiento normativo y las consecuencias derivadas de decisiones que no consideren el marco legal y ético. Cuando se trata de regulaciones financieras y de gobernanza corporativa, no hay margen para errores o atajos.
José Ignacio Camus
Cofounder Admiral Compliance
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