El radical giro en la forma de aproximarse a un pacto fiscal

Esta semana el gobierno dio a conocer su propuesta para un pacto fiscal, un conjunto de iniciativas que abarcan una serie de dimensiones y donde se pretende recaudar del orden de US$ 8 mil millones. El Presidente Gabriel Boric había señalado en su cuenta pública de junio que el Ejecutivo insistiría en el Senado con la propuesta de reforma tributaria que había sido rechazada en marzo en la Cámara de Diputados, poniéndose como plazo el mes de julio. Era evidente que los votos para ello no estaban -requería los dos tercios de la Cámara Alta-, por lo que finalmente se optó por una propuesta mucho más amplia, que apunta a un horizonte de diez años, en la cual entre otros aspectos se contempla modernizar el sistema tributario, mejorar el control de los recursos públicos, reordenar prioridades de gasto y medidas en favor del crecimiento.

Desde luego, el mayor punto de discordia se había generado ante una posible alza de impuestos, materia respecto de la cual la oposición ha sido tajante en que no dará sus votos. La propuesta del Ejecutivo no ha renunciado a ello, y para estos efectos contempla un capítulo referido al impuesto a la renta, pero este será presentado entre marzo y mayo del próximo año, si bien ya se adelantó que no contemplará dos aspectos particularmente controversiales: el impuesto al patrimonio y a las utilidades retenidas. La propuesta de Hacienda busca centrarse en esta primera etapa en los aspectos referidos a la evasión y elusión tributaria, donde parece haber mayor consenso entre las fuerzas políticas.

Pese a que el gobierno se ha encargado de subrayar que su propuesta es el fruto de más de 30 reuniones con actores del mundo político, social y económico, no corresponde hablar de “pacto”, cuando en realidad se trata de una propuesta unilateral del Ejecutivo, que aún debe ser consensuada con la oposición. Solo cuando ello se logre se podrá hablar de un pacto propiamente tal, por lo que insistir por ahora en dicha denominación solo lleva a equívocos.

Con todo, se trata de una aproximación totalmente distinta a como el Ejecutivo abordó la anterior reforma tributaria, pues esta vez se ha mostrado disponible para renunciar a materias controversiales, lo cual no solo constituye una señal de flexibilidad y disposición a llegar a un acuerdo, sino que además da muestras de un sano realismo político, si bien deberían aterrizarse las expectativas en cuanto al monto que se pretende recaudar, que parece irrealizable.

Es asimismo una buena noticia que se vuelva a hablar de crecimiento e inversión, pues es un hecho que el país requiere aumentar la creación de empleos y revertir el muy menguado crecimiento potencial. Entre las 13 propuestas para impulsar la inversión -la meta es que ésta vuelva a representar el 27% del PIB-, si bien no se advierte ninguna especialmente audaz, va en la dirección correcta de estimular las concesiones, la construcción y destrabar el retardo que produce la excesiva permisología, además de una serie de incentivos tributarios.

El buen uso de los recursos públicos será también una dimensión fundamental en cualquier acuerdo, sobre todo luego del escándalo que ha quedado al descubierto mediante el mecanismo de las fundaciones. Si bien la propuesta del Ejecutivo se hace cargo respecto de este punto, aquí claramente se necesita ir más allá. En tal sentido, se debe ser mucho más estricto con aquellos programas del sector público mal evaluados. La última evaluación que hizo la Dirección de Presupuestos mostró que de los 700 programas analizados -a los que se destinan más de US$ 22 mil millones-, el 51% presenta algún grado de deficiencia, lo que revela que hay enormes espacios para ganar en eficiencia. Sin que se frene el despilfarro, pensar en posibles alzas de impuestos es totalmente inviable.

Pese a estas consideraciones, es un hecho que el anuncio formulado por el Ejecutivo no llega en el mejor momento, pues el ambiente político está demasiado crispado para negociar cualquier materia. En la oposición, una parte de sus integrantes no dudó en cerrar la puerta, señalando que el pacto está absolutamente condicionado a las medidas que el gobierno adopte respecto a los hechos de corrupción en las fundaciones. El Presidente Boric, por su parte, en un discurso acerca de los 50 años del 11 de septiembre, fue muy duro con algunas de las reformas de ese período. “El sistema de pensiones, la municipalización, el incentivo a empresas extractivas, la privatización de la salud son obras que no hubiesen pasado ningún test democrático y que hoy estamos tratando de revertir”. Algo que a muchos recordó esa parte del Mandatario que dice querer derrocar el capitalismo.

Recuperar el diálogo político es una tarea de todos, pero que debe partir por el Mandatario. Como jefe de Gobierno debe dar el ejemplo, y si de verdad quiere buscar acuerdos entonces debe actuar en consecuencia y no dedicarse a marcar diferencias en los distintos ámbitos y materias. Por el lado de los partidos de oposición, parece claro que los casos de corrupción en materia de entrega de fondos públicos a fundaciones si bien son de extrema gravedad, no deben ser la excusa para no participar en ningún tipo de negociación con el gobierno, ni tampoco condicionarla a la salida del ministro Giorgio Jackson.

Lo cierto es que en tanto no se calmen los ánimos, no solo un pacto fiscal queda en entredicho, sino que tantas otras materias que son urgentes para el país.