El rumbo incierto de la política exterior

Uno de los pilares del desarrollo de Chile en las últimas décadas ha sido su estrategia de apertura comercial. El país cuenta con 31 tratados comerciales, lo que le permite acceder con beneficios arancelarios a 65 economías del mundo, hacia donde se dirige el 95% de nuestras exportaciones. Pero no solo eso; contar con una de las mayores redes de acuerdos de ese tipo en el mundo ha favorecido, además, la competitividad del país y las posibilidades de negocios de emprendedores locales. El respeto y cumplimiento de esos pactos es clave para la imagen de seriedad y prestigio internacional de la que goza Chile. Sin embargo, en los últimos meses las señales dadas desde la Cancillería y en especial desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales ha instalado un clima de duda que amenaza la confiabilidad internacional del país.

El actual titular de la citada subsecretaría no solo es un reconocido crítico de la política de tratados comerciales llevada a cabo por Chile, sino que desde su actual cargo ha dado señales que han alimentado la confusión sobre el rumbo que quiere seguir el actual gobierno en ese ámbito. Primero anunció una consulta para redefinir y legitimar la política comercial de Chile y hace unos días se reunió con la agrupación Chile mejor sin TLC. Más allá de las explicaciones posteriores o de que junto con ello también ha participado en encuentros con una larga lista de instituciones y gremios empresariales, es un hecho que la actual gestión de la política comercial chilena ha sido ambigua y da cuenta de las distintas visiones al interior del gobierno. La falta de claridad sobre a qué atenerse está poniendo en riesgo la competitividad del país.

No solo, como advirtieron dos excancilleres en sendas columnas a este diario, es mala la señal dada a un socio clave de Chile como la Unión Europea, por la demora en las negociaciones finales sobre la actualización del Acuerdo de Asociación, sino también las definiciones en otros dos temas como el CPTPP o TPP-11 y en su acercamiento a Mercosur. En este último tema, la Cancillería se ha comprometido en priorizar su vinculación a ese bloque. Una señal confusa considerando la crisis que atraviesa dicho bloque, cuyos propios miembros están buscando nuevos caminos de asociación. Es el caso de Uruguay, que expresó interés en unirse al TPP-11. La demora en la aprobación de este acuerdo es lo más grave, considerando que Chile fue uno de sus impulsores. Si bien es cierto que la definición final está en manos del Senado, el gobierno no ha mostrado un claro compromiso con su aprobación.

En el actual escenario económico potenciar la apertura comercial debería ser uno de los ejes para apoyar la necesaria recuperación de la actividad. En ese sentido el TPP-11, por ejemplo, podría ser una herramienta clave. Sus beneficios han sido valorados por países que son referentes de algunos de los sectores políticos hoy en el poder, como Nueva Zelandia y Canadá. Sin embargo, parecen primar en ciertos miembros de la actual administración un exceso de prejuicios e ideologismo en la toma de decisiones que amenaza con poner en riesgo uno de los principales activos del país. Ello, sumado a la desprolijidad mostrada en algunas designaciones por parte de la Cancillería, como en su decisión de no apoyar al jurista Claudio Grossman para integrar la Corte Internacional de La Haya, instala legítimas dudas no solo sobre las prioridades de la actual estrategia comercial sino sobre el rumbo de la política exterior.