SEÑOR DIRECTOR:
Cada año, cerca de 2.000 personas pierden la vida en las calles y carreteras de Chile, víctimas del exceso de velocidad y la conducción no atenta al tránsito. Frente a esta alarmante realidad, resulta incomprensible la demora en la implementación de dos normativas clave para la seguridad vial: la Ley CATI (Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones) y la Ley EAT (que regula a las empresas de aplicaciones de transporte).
La Ley CATI, diseñada para fiscalizar el tránsito mediante cámaras controladas por un centro automatizado, ha demostrado en otros países reducir al menos un 30% las muertes por siniestros viales. Por otro lado, la Ley EAT busca establecer criterios claros de seguridad y formalización en las plataformas de transporte, beneficiando a usuarios y trabajadores. Pese a su aprobación y el reconocimiento transversal de su relevancia, la ausencia de reglamentos para su implementación evidencia serias deficiencias administrativas. Este retraso no es atribuible a una autoridad específica, sino a un sistema burocrático que avanza con una lentitud preocupante.
Es urgente que las autoridades correspondientes prioricen la elaboración de estos reglamentos, dejando atrás los obstáculos administrativos que perpetúan cifras alarmantes de siniestros viales y la informalidad en el transporte. Actuar con celeridad no solo salvará vidas, sino que también establecerá un precedente de gestión eficiente y compromiso con un sistema de transporte más seguro y equitativo.
Claudia Rodríguez Torres
Presidenta del Cosoc de la Subtrans
Directora ONG No Chat
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