El vacío relato de la “igualdad ante la ley”

Pese a las enormes repercusiones que el caso Monsalve está trayendo para La Moneda -a cada momento surgen nuevos antecedentes que dan cuenta de las desprolijidades e inconsistencias en la forma como el gobierno ha manejado esta crisis- aun así desde Palacio se intenta transmitir la idea de que su actuar ha estado apegado a estándares rigurosos -como mucho se ha reconocido que “las cosas siempre se podrían haber hecho mejor”- y que el caso está ahora en manos de la justicia. El propio Presidente de la República, comentando la prisión preventiva de que fue objeto el exsubsecretario del Interior, señaló que “es una decisión correcta por parte de los tribunales y demuestra que acá nadie está por sobre la ley y que todas las instituciones tienen que colaborar sin nunca proteger a quienes delinquen, sino proteger a las víctimas”.

Estas declaraciones del Mandatario resultan ciertamente sorprendentes, porque si algo está quedando claro ante la ciudadanía es que en este caso lo menos que ha respetado La Moneda es la igualdad de trato, brindando a Monsalve una serie de garantías y beneficios a pesar de que una subalterna lo había denunciado por violación y de que el propio exsubsecretario había instruido a la PDI a revisar cámaras en un caso que lo implicaba directamente. Según ha trascendido, una vez que la ministra del Interior le comunicó al Mandatario sobre estos hechos, a continuación el jefe de Estado se reunió con dos asesores directos para tratar el caso, y luego concertó una reunión con Monsalve. El curso de acción que se decidió seguir respecto del exsubsecretario dista mucho de lo que le habría esperado a cualquier ciudadano que es denunciado por hechos tan graves.

A Monsalve no solo se lo mantuvo en funciones por casi 48 horas -solo una publicación periodística de la denuncia en su contra precipitó su salida-, en circunstancias que con los antecedentes que el gobierno manejaba bastaba para haber pedido su renuncia inmediata, sin calibrar tampoco las implicancias institucionales y para la propia víctima de que Monsalve se mantuviera en funciones, que entre otros aspectos implicaba seguir a cargo de las policías. Qué clase de igualdad puede ser esa, cuando lo esperable es que cualquier persona que enfrente acusaciones por agresión sexual como mínimo sea separada de sus funciones y se activen estrictos protocolos en resguardo de la víctima, mucho más si hay una denuncia estampada ante el Ministerio Público. El proceder de La Moneda resulta aún más incongruente cuando frente a otro caso que afectó a un exsubsecretario, en este caso por un supuesto acoso, inmediatamente se hizo valer la causal de pérdida de confianza.

Igualmente incompatible con la idea de igualdad ante la ley resulta el hecho de que el Mandatario haya dispuesto que Monsalve viajara a la región del Biobío para “informar” a su familia de la situación que lo afectaba, pudiendo utilizar para ello recursos públicos, incluyendo el desplazamiento en un avión de Carabineros. Insólitamente, también se le permitió asistir al Congreso para participar en el debate del presupuesto, es decir, pudo seguir representando al gobierno. Nada de esto guarda coherencia con lo que el Mandatario aseguró, en orden a que las instituciones deben ante todo proteger a las víctimas y nunca a quienes delinquen.

Desde que estalló el caso Monsalve, algo que resulta evidente es que La Moneda ha decidido aplicarse para sí estándares muy distintos al que deben sujetarse el resto de los chilenos, desentendiéndose de protocolos elementales, de sus propias banderas de “gobierno feminista” o incluso dejando en duda la aplicación estricta de la ley, como ocurre con la Ley Karin, de reciente vigencia y que busca prevenir y sancionar el acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. A pesar de que el Ejecutivo ha hecho un fuerte despliegue mediático para advertir a las empresas sobre las consecuencias a las que se exponen ante su incumplimiento, en el caso Monsalve no se ha actuado con tal rigor en favor de la víctima; incluso el propio Mandatario ha dado un muy mal ejemplo cuando reprendió públicamente a su jefa de prensa en una conferencia de prensa, algo que bien podría estar en el límite del maltrato, el menoscabo o la humillación, conductas que justamente la Ley Karin busca evitar.

A pesar de que el gobierno intenta por todos los medios dar vuelta la página en el caso Monsalve, el episodio lleva más de un mes instalado en el corazón de La Moneda y no da muestras de amainar. Ello no debería extrañar, pues el cúmulo de inconsistencias y errores es de tal magnitud que el daño será difícil de revertir, particularmente cuando el relato político de la igualdad ante la ley y que no habrá tratos privilegiados se ha derrumbado por completo.