Eliminación de registro de deudas impagas

Hace algunas semanas ingresó una moción parlamentaria que busca eliminar y prohibir el uso de datos de deudas impagas. El proyecto -que se ha denominado “borrón y cuenta nueva”- entró como una iniciativa más que busca resolver los problemas que dejó la crisis sanitaria y económica en las familias. El proyecto establece en su primer artículo que “los responsables de los registros o bancos de datos personales que traten información a que se refiere la Ley Nº19.628, no podrán comunicar los datos relativos a obligaciones que se hayan hecho exigibles antes del 30 de abril de 2022 y se encuentren impagas” para obligaciones inferiores a $2,5 millones.

Los efectos de esta iniciativa sobre el mercado financiero son complejos. La desaceleración económica traerá aparejada episodios de insolvencia de muchas familias, por lo que el borrado de datos solo crea obstáculos para la evaluación crediticia que realizan las instituciones financieras. Es paradójico que en paralelo el gobierno esté por emitir el reglamento que instruye el análisis de solvencia que tienen que realizar las empresas -que quedó establecido en el proyecto Pro Consumidor- mientras el Congreso avanza con iniciativas que obstaculizan esta tarea.

Pero esto también trae efectos negativos en los propios consumidores. El borrado de datos crea dificultades para distinguir entre los buenos pagadores y los que han incurrido en morosidad o impago. Los efectos esperados de esta iniciativa terminarán afectando fundamentalmente a los segmentos con mayor propensión al riesgo, con impactos que se traducirán en mayores tasas de interés -por el mayor riesgo implícito del segmento. En aquellos grupos que están cerca de la tasa máxima convencional se generará, además, mayor exclusión del mercado formal del crédito, exponiendo a muchas familias al riesgoso mercado informal del crédito, que ha registrado un preocupante crecimiento en el último tiempo.

Más que prevenir el sobrendeudamiento, esta iniciativa puede ayudar a favorecerlo. Quienes sean “beneficiarios” de este borrado podrán acceder a nuevos créditos en otras instituciones financieras, ya que mantendrán la deuda original -que de aprobarse la iniciativa no aparecería en el sistema de información crediticia- y estarán habilitados para acceder a nuevos préstamos.

El proyecto tiene además problemas de técnica legislativa evidentes. En el artículo 2 se establece que “los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican información sobre las obligaciones a que se refiere la regla precedente, deberán eliminar todos los datos relacionados con éstas”. Conforme se desprende de dicha redacción, supondría que en la práctica tanto los emisores de crédito, como cualquier organismo que almacena información -incluidos los del sector público-, deberán borrar cualquier dato relacionado a la deuda impaga, lo que llevaría a que los emisores tendrían que renunciar al cobro de la deuda. Ello evidentemente no va en línea con el propósito buscado por los legisladores, lo que no obsta para exigir que una moción debe venir técnicamente bien elaborada.