Enfrentando los desafíos de cuidados

Por Javiera Gazmuri, Investigadora asistente Centro de Estudios Públicos

El reconocimiento del trabajo doméstico y del cuidado que se establece en los artículos 10 y 11 del texto de la nueva Constitución busca saldar una deuda pendiente con un trabajo invisibilizado pero indispensable para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, el cual es ejercido principalmente por mujeres.

Reconocer el derecho al cuidado es fundamental al menos por dos razones. Primero, porque la desigual carga entre hombres y mujeres en esta tarea las condiciona en la decisión de participar del mercado laboral. Incluso cuando las mujeres trabajan, las labores de cuidado no se redistribuyen de manera igualitaria con su pareja (Comunidad Mujer 2017), evidenciando la falta de corresponsabilidad. Segundo, porque toda persona que requiere ser cuidada merece que esta labor sea realizada de manera digna y adecuada.

El texto aprobado establece que el Estado garantizará este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados de carácter universal. La materialización de este derecho es un desafío sin precedentes, no solo por los costos asociados, sino por los desajustes de oferta y demanda que existen.

Por el lado de la demanda, si consideramos los grupos que la nueva Constitución establece como de especial atención para ser cuidados, estaríamos hablando de 7 millones de personas (Casen 2017). Esto corresponde a más del 30% de la población.

Por el lado de la oferta, no existe un registro de todas las cuidadoras calificadas. De acuerdo con un catastro realizado por el Centro de Estudios Públicos junto al Senama, 40% de las comunas no cuenta con oferta para el cuidado de dependientes, mientras que en la plataforma de la Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales hay solo 233 cuidadores certificados.

Más allá de la falta de información respecto de la oferta de cuidadoras, es muy probable que la demanda supere con creces a la oferta. Por ende, garantizar el derecho a ser cuidado solo podría materializarse gracias al rol que cumplen las cuidadoras que realizan esta labor de manera informal y no remunerada.

Paralelamente, el gobierno incluye en su agenda un proyecto que asegura el salario mínimo para los cuidadores de dependientes severos. Son 190.000 las personas en esta condición (Casen 2017), por lo que asegurar el salario mínimo a sus cuidadores tendría un costo equivalente al 0,4% del PIB del 2021.

Para estar a la altura del desafío, pareciera ser que el camino debiera partir por conocer lo que ya existe y construir a partir de esto. Actualmente hay programas de cuidados implementados principalmente por el Senama y las municipalidades que pueden ser un buen punto de partida para la implementación del sistema nacional de cuidados. Es esperable que el sistema crezca de forma progresiva, partiendo por aquellos que más lo requieren, y llegando a más personas a medida que la oferta se ajuste a la demanda. También es recomendable diversificar la oferta de cuidados y avanzar hacia sistemas mixtos –subsidio complementado con oferta–. Dado que las necesidades de cuidado son distintas, se requiere una gama de respuestas. Son grandes los desafíos para abordar este tema que al fin está siendo parte del debate.