Entrada de Enap a la distribución de gas licuado

En junio del año pasado, durante su primera cuenta pública a la Nación, el Presidente de la República anunció que a fines del año llegarían a 100 mil familias con cilindros de gas a “precio justo”, los que serían distribuidos por la Enap. El origen de esta medida se puede explicar por las conclusiones de un estudio realizado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que entre otros aspectos indicaba que la intensidad competitiva del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Chile es baja y que el riesgo de coordinación entre competidores es alto. La FNE recomendó prohibir el ingreso de los distribuidores mayoristas en el mercado de minoristas, lo que podría generar un ahorro de hasta un 15% en el valor de cada cilindro de GLP.

Para lograr el objetivo planteado por el Presidente, tal como lo recomienda la FNE en su informe, se debió haber ingresado una iniciativa legal, prohibiendo, entre otros aspectos, el ingreso al mercado minorista de distribuidores mayoristas. Sin embargo, el gobierno optó por retirar un proyecto de ley presentado por la administración anterior que precisamente se hacía cargo de las recomendaciones realizadas por la FNE.

A mediados de 2017 se promulgó la ley que realizó una profunda reestructuración del gobierno corporativo de Enap, en la cual salieron del directorio los ministros de Estado y representantes de gremios, tal como lo señalaban las mejores prácticas de la OCDE. Lo anterior, ya que en la medida que los secretarios de Estado participan de los directorios, las empresas cumplen el doble rol de unidades productivas e instrumentos de las políticas públicas de la autoridad, lo que hace menos transparente su operación y pone trabas a su perspectiva de desarrollo. Por ello, el hecho de que el gobierno haya anunciado la incorporación de Enap al mercado de distribución de GLP y adicionalmente haya definido un número de familias como mercado objetivo, no se condice con las atribuciones exclusivas que tiene en estas materias el directorio de la empresa.

El plan piloto no comercial diseñado por la Enap contempló para 2022 llegar a un mercado acotado de tres mil familias, y pese a los intentos del gobierno para expandir sustancialmente la meta, y a los reclamos de varios alcaldes, la empresa respetó su cronograma. La compañía también descartó participar en toda la red de distribución mayorista y minorista, algo que de haber ocurrido hubiese ido en contra de la principal recomendación que realizó la FNE para mejorar la competencia en la industria.

Cabría esperar que el Estado, ante las múltiples urgencias sociales que aquejan a nuestro país, tuviese como prioridad mejorar la competencia en los mercados mediante la regulación, en vez de optar por involucrarse productivamente en dichos sectores. Este proceder, además de ser muy dudoso que pueda corregir los problemas de competencia, puede comprometer el uso eficiente de los recursos públicos, siempre escasos. Y en lo que toca a la Enap, antes de escalar el programa piloto el directorio debería considerar los efectos que una regulación que promueva la competencia en el mercado del gas podría tener en la sustentabilidad de esta área de negocio en el largo plazo. Solo en ese momento se conocerá por los resultados que entregará el mercado cuál será el verdadero “precio justo” de los cilindros y quién puede realizar de manera más eficiente su distribución.