Por Tomás Rau, profesor asociado y director del Instituto de Economía UC
El gasto público de este año bordeará el 32% del Producto Interno Bruto (PIB), según el Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del segundo trimestre. El masivo paquete de transferencias monetarias a los hogares, como el IFE universal, y otras políticas como los subsidios al empleo, han implicado un desembolso inédito de ahorros, como también un sostenido aumento del déficit fiscal y de la deuda pública.
Adicionalmente, el IFP proyecta que este año el déficit efectivo será del 7,1% del PIB y el déficit estructural llegará al 9,5% del PIB, acrecentando el divorcio con la hoy extemporánea y añorada regla de balance estructural. Más aún, el crecimiento de la economía no será suficiente para financiar el aumento del gasto público, lo cual acrecentará las necesidades de financiamiento fiscal.
En materia de deuda pública, algunas proyecciones indican que ésta podría alcanzar el 50% del PIB en pocos años y que los intereses de dicha deuda llegarían a los US$ 5.700 millones (Clapes UC). Para poner en perspectiva esta cifra, los excedentes de Codelco el 2020 fueron US$ 2.078 con un precio del cobre promedio de US$ 2,80 la libra. Es decir, si el precio del cobre convergiera a los precios del año pasado, Chile necesitaría más del doble de los excedentes de Codelco para, solamente, pagar los intereses de la deuda.
En consecuencia, y tomando en cuenta el delicado contexto fiscal, el presupuesto 2022 debiera considerar un recorte significativo del gasto público, conservando algunas ayudas orientadas a recuperar el empleo. En efecto, en su último informe el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) plantea que es imprescindible propender gradualmente a un proceso de normalización fiscal y para ello sugiere el retiro progresivo de los estímulos fiscales transitorios de este año. Esta sugerencia del CFA es particularmente relevante en un país que ha enfrentado una inédita alza en las cifras de pobreza y la palabra focalización es a veces denostada en pos de la universalidad.
Según la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen 2020), Chile tiene un poco más de 2 millones de personas en situación de pobreza por ingresos, y las ayudas del Estado estarían llegando a 15,8 millones de personas (Ministerio de Desarrollo Social), de las cuales muchas de ellas no las necesitan. El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se agota, quedando alrededor de US$ 2.500 millones y meses de pandemia por delante. Las proyecciones de crecimiento para 2022 y 2023 indican un retorno a las escuálidas tasas de crecimiento pre-pandemia (entre 1,0 y 2,0% en 2023), lo que augura una estrechez fiscal muy preocupante. Aun aumentando la carga tributaria, el crecimiento del gasto no puede exceder al de la economía si queremos evitar un espiral de endeudamiento con todos los costos que ello implica.
Chile enfrenta grandes desafíos para alcanzar el desarrollo y para ello es crucial mantener la responsabilidad fiscal, que tanto ha servido para ir superando esta crisis, y que hoy enfrenta serias amenazas. El presupuesto 2022, con una amplia cuota de realismo, debiera orientarse en esa dirección y así transitar del espanto a la cordura presupuestaria. El desarrollo sostenible requiere el fin de la pobreza y para ello, es imperioso el uso responsable de los recursos.
