Equívoca señal de la Cancillería en caso Apablaza

Durante su reciente gira a Argentina, el Presidente de la República -a solicitud de la oposición- planteó a su par trasandino el tema de la extradición a Chile del exfrentista Galvarino Apablaza, quien se encuentra requerido por la justicia chilena como presunto autor intelectual del crimen del senador Jaime Guzmán, ocurrido en abril de 1991, así como por el secuestro de Cristián Edwards. Apablaza cuenta con el estatus de refugiado político, beneficio que le fue concedido bajo el gobierno de Cristina Fernández, y si bien bajo la administración de Mauricio Macri dicha condición fue revocada, Apablaza apeló a dicha decisión, por lo que el caso está discutiéndose en tribunales.

Desde que en 2005 la Cancillería solicitó formalmente la extradición de Apablaza, los distintos gobiernos han buscado interceder para que el exfrentista finalmente responda ante los tribunales chilenos por tan graves delitos. Ha sido valioso en tal sentido que el Presidente Boric mantuviera inequívocamente esta postura, al plantear que “para Chile ha sido hace larga data un tema de política de Estado, no sujeto a las contingencias políticas”. El Presidente argentino, Alberto Fernández, por su parte, señaló que tomó en cuenta la preocupación que le manifestó el mandatario chileno, aclarando, en todo caso “que es un problema que se debe resolver judicialmente en la Argentina”.

La claridad con la que fue expuesta la postura de Chile -apegada estrictamente a lo que ha resuelto la justicia-, se vio empañada por las sorprendentes declaraciones de la canciller Antonia Urrejola, quien también formó parte de la delegación oficial que visitó Argentina. Requerida en una entrevista de prensa si Chile ofrecía condiciones para un juicio justo a Apablaza, la ministra evitó pronunciarse, señalando que es un caso que está siendo conocido por los tribunales argentinos, y lo que cabe es que el gobierno sea respetuoso de los procesos internos de Argentina.

Estos dichos son muy desafortunados, porque lo que cabría esperar es que la Cancillería fuera especialmente escrupulosa en mantener la línea que ha sustentado el país, que parte de la base que en Chile los tribunales son un poder independiente, existiendo plenas garantías para un juicio imparcial. Enviar señales ambiguas o equívocas en esta materia por parte del Ejecutivo resulta delicado, considerando que a Apablaza le entregaron el estatus de refugiado precisamente porque se ha puesto en duda la evidencia que ha esgrimido Chile -sobre la base de investigaciones que han llevado a cabo los tribunales- para justificar la inculpación de Apablaza.

La prudencia de respetar los procesos internos de la institucionalidad argentina no puede confundirse con la claridad que exige defender a su vez la solvencia de la institucionalidad chilena, más aún cuando hay un juicio en curso -sin perjuicio de que en el futuro podrían abrirse nuevos requerimientos de extradición, pues en el caso Guzmán sigue habiendo prófugos- y donde resulta obvia la necesidad de no debilitar la postura que el Estado de Chile está defendiendo. Cabría entonces una pronta rectificación de la Cancillería, para despejar cualquier equívoco en la materia.