Es tiempo de llegar a acuerdos

Algo en lo que todos parecen concordar es que en el plebiscito del domingo pasado ninguna fuerza política puede erigirse como triunfadora. No ganó la derecha, porque se la jugó por una opción que terminó siendo derrotada; tampoco el oficialismo, porque su cruzada de reemplazar la actual Constitución tampoco prosperó. En lo que sí parece haber coincidencia es que, al menos por ahora, el tema constituyente se ha cerrado, y que es momento de que los partidos y el gobierno vuelvan a poner la mirada en las preocupaciones más urgentes de la ciudadanía, largamente postergadas.

En este marco, sin ganadores y perdedores, y con el tema constitucional despejado, se deberían crear condiciones inmejorables para retomar el diálogo político en la búsqueda de los grandes acuerdos; lamentablemente, en esta primera semana posblebiscito se ha observado una actitud muy distinta a la que se habría esperado, pues oficialismo y oposición parecieran estar actuando con los sesgos propios de quien se siente victorioso, buscando acaparar para sí la agenda política y hacerle sentir su poder a las fuerzas rivales, todo lo cual arriesga seguir en los encapsulamientos y reyertas que han impedido sacar al país del estancamiento en que se encuentra.

En el caso de la oposición, ya se han comenzado a escuchar algunas voces que van en la línea de que no hay que ceder en las reformas que propone el gobierno; en otros casos, las críticas al pacto fiscal o a la reforma previsional -ambas iniciativas que el Ejecutivo pretende impulsar con fuerza- han sido planteadas desde una óptica particularmente confrontacional, adelantando desde ya que determinados contenidos serán rechazados sin antes dar espacio al diálogo, lo que de algún modo recuerda el clima crispado en que se ha venido dando el tono del debate político en el último tiempo.

El Ejecutivo, por su parte, imbuido de un inusitado triunfalismo, y creyendo ver en el resultado una reafirmación de sus idearios, parece haber encontrado renovados bríos para volver a la carga con sus reformas, pero cometiendo el error de buscar imponer fórmulas ya objetadas por la oposición e incluso interpelando para su aprobación, actitud que ha empezado a generar incomodidad en sectores del propio Socialismo Democrático. Tal insistencia fue nítida en la forma de proceder con la reforma previsional, donde al día siguiente del plebiscito la ministra del Trabajo anunció una nueva distribución de la cotización adicional del 6%, pero introduciendo variables discutibles -como destinar un punto a financiar la sala cuna universal- o destinar solo dos puntos a la cuenta individual de los trabajadores, lo que recién ocurriría hacia fines de esta década.

Las actitudes confrontacionales o triunfalistas no ayudan cuando por delante hay desafíos monumentales que están en el centro de las preocupaciones de los chilenos. Aquí cabe partir por los temas relacionados con la inseguridad, donde la situación aparece desbordada y en ello no ayuda que la agenda legislativa sobre seguridad pública que se priorizó en abril esté estancada. En materia de crecimiento y empleo el gobierno claramente debe desplegar una agenda muy distinta de la que ha enarbolado hasta ahora, sobre todo cuando el Banco Central acaba de actualizar sus proyecciones y prevé que el PIB tendencial no minero de aquí al 2033 registrará un paupérrimo promedio de 1,9%, algo no tolerable. Se sigue a la espera de que la autoridad dé un golpe de timón en materia de permisología, una de las mayores trabas para la inversión, en tanto que una crisis sistémica en salud aparece cada vez más inminente, sin que hasta aquí se haya logrado despejar este riesgo.

Estos desafíos son tarea inherente del gobierno -sobre sus hombros descansa la mayor responsabilidad-, pero también requieren del indispensable concurso de la oposición para avanzar en su solución por la vía legislativa. Cabe no perder de vista que en octubre del próximo año tendrán lugar las elecciones municipales y de gobernadores regionales, por lo que el tiempo para acometer las grandes urgencias del país será apenas de unos seis meses, antes de que los partidos y la agenda vuelvan a entrar en modo electoral. Ambos sectores políticos deben comprender que ha llegado el tiempo de los grandes acuerdos, porque sin duda implicaría un grave daño para el país que al cabo de ese limitado tiempo los problemas antes descritos siguieran en punto muerto. El tema constitucional ya se cerró, y ahora solo cabe dedicarse sin dilación a resolver estas urgencias.