Escalada de ataques en La Araucanía

En los últimos meses prácticamente todos los días se ha verificado la ocurrencia de delitos con altos grados de violencia en las regiones de La Araucanía y del Bíobío -también con algunos hechos en Los Ríos- que tienen como víctimas sobre todo a transportistas, aunque también se han ido ampliando hacia otros sectores. Esta circunstancia, además de los perjuicios económicos, ha traído una consecuencia aún más grave, que es la aceptación de estos hechos, como si la sociedad no tuviera más alternativa que resignarse a ello. Probablemente para los habitantes de las zonas afectadas dicha aceptación debe ser otro motivo de temor y profunda indignación, más todavía si la suma de hechos delictivos, lejos de ubicarse en una meseta, aumentan perceptiblemente.

Lo que a inicios del gobierno en ejercicio constituyó una prioridad, con uno de sus ministros de más experiencia dedicado a la búsqueda de soluciones a las causas remotas del conflicto, hoy se ha transformado en inexistente o al menos en un tema muy alejado para el común de la ciudadanía. No sería justo negar la influencia que en la actual situación tuvo el homicidio del comunero Camilo Catrillanca y los efectos del hecho -hoy investigado en sede judicial- en la institución de Carabineros. Pero tal reconocimiento, de una dificultad innegable, no puede justificar bajar los brazos ni en los temas de fondo ni en reponer mínimos de eficacia al derecho, hoy preocupantemente ausentes.

Salvo la reciente detención de dos personas, que quedaron con la cautelar más gravosa, la regla es la impunidad de los responsables. A lo anterior se agrega la ocurrencia de hechos de similares características, con poca diferencia en el tiempo, en zonas diversas. Han surgido nuevos nombres o siglas de reivindicación de los atentados, estableciendo la interrogante de si son las mismas organizaciones o si se trata de nuevos grupos. Asimismo, la pluralidad de acciones da cuenta de la utilización de más y mejores armas, lo que también constituye una señal de fuerte preocupación.

Es evidente que en este momento la principal preocupación de la autoridad así como de la ciudadanía está en contener los efectos de la pandemia. Pero claramente estos grupos están aprovechando estas circunstancias para actuar, incluso con mayor intensidad. Además de las quemas de camiones asociadas a empresas forestales, se han verificado ataques armados a personal de Carabineros, un atentado incendiario a un hotel, así como destrucción de cabañas y automóviles particulares. El reciente ataque a un minibús que transportaba trabajadores de una empresa forestal fue calificado por la Intendencia de La Araucanía como un hecho de carácter terrorista.

No cabe que además de los gravosos efectos sociales y económicos que está dejando la pandemia, regiones del país se vean aún más afectadas por la acción vandálica. Es indispensable que la autoridad retome la prioridad que en algún momento tuvo este delicado asunto y proporcione respuestas efectivas, pues intentar bajarle el perfil a lo que está sucediendo solo agravará más la situación.