Escalada de violencia en macrozona sur

Las jornadas especialmente violentas que se han vivido en las regiones de La Araucanía y el Biobío en los últimos días -marcadas por una serie de atentados incendiarios y ataques con disparos- no hacen más que recordar al país el preocupante cuadro de inseguridad que se vive en la zona.

Los hechos más graves tuvieron lugar en un servicentro de Victoria, donde un grupo armado irrumpió en horas de la noche y procedió a la quema de camiones transportadores de combustible, hecho en el cual no solo resultó herido a bala un conductor, sino que atendida la dinámica de los acontecimientos, existió el riesgo de que pudiera haber devenido en una devastadora explosión. En la comuna de Tirúa, un retén de Carabineros fue atacado con armamento de grueso calibre, registrándose además la quema de tres casas. Días antes, una escuela en Pailahueque fue destruida por la acción del fuego, hecho que estaría relacionado con activistas de la causa indígena, conforme los panfletos encontrados en el sector. A todo ello se suman los reiterados ataques a maquinaria forestal, amedrentamientos y tomas de terreno, hechos que peligrosamente ya se han vuelto rutinarios.

Esta cadena de acontecimientos tiene lugar poco después de que un equipo de prensa de TVN fuera atacado con disparos -lo que provocó que el camarógrafo perdiera uno de sus ojos-, tras haber concertado una entrevista con el líder de la CAM. Un hecho que causó fuerte conmoción pública, catalogado por las propias víctimas como de carácter terrorista.

Resulta evidente que en la macrozona sur el debilitamiento del estado de derecho es ominoso, donde las capacidades del Estado se han visto superadas, mientras el poder de fuego y arrojo de los grupos que operan en la zona pareciera incrementarse cada vez más. Llamó la atención por lo mismo que al comentar el ataque que tuvo lugar en el servicentro, el ministro del Interior señalara que “en la macrozona sur estamos avanzando, pero efectivamente el terrorismo y las acciones violentas están cambiando de estrategia, estamos hablando de un ataque en una zona urbana, a camiones, una persona, un conductor estaba durmiendo en uno de ellos”. Desde el Ejecutivo también hubo un llamado a los parlamentarios para acelerar la aprobación del proyecto “Juan Barrios”, que endurece las penas en el caso de ataques a transportistas.

Resulta hasta cierto punto desconcertante que la autoridad hable de “avances” cuando la percepción de la opinión pública probablemente es la opuesta, considerando la escalada de violencia, sin que se ofrezca evidencia concreta que permita evaluar este supuesto progreso. Tampoco parece acertado pretender escudar la falta de respuesta de las instituciones del Estado ante la lenta tramitación de algunas iniciativas legales, las que si bien pueden ser muy necesarias, por sí mismas no desincentivarán a que estos grupos sigan actuando.

No parece acertado que se intente transmitir una cierta sensación de exitismo, cuando es evidente que la violencia está lejos de poder ser contenida. Aun cuando por estos días el país debe hacerse cargo de muy complejos flancos producto de la pandemia, la existencia de zonas donde la violencia alcanza niveles extremadamente riesgosos para la vida e integridad de las personas no puede quedar en un lugar secundario de la agenda, y es labor de la autoridad relevarlo.