Escándalo de las fundaciones: Es la hora de las instituciones

Han transcurrido tres semanas desde que estalló el escándalo del irregular traspaso de fondos públicos a la Fundación Democracia Viva en Antofagasta, y desde entonces se han multiplicado los casos bajo investigación, desatando una verdadera bola de nieve cuyas consecuencias a estas alturas resultan difíciles de anticipar. Los hechos han involucrado especialmente a militantes del partido Revolución Democrática, pero las esquirlas están amplificándose en todas direcciones, inevitablemente también hacia el gobierno, no solo porque al haber militantes de la coalición directamente involucrados recae una responsabilidad política ineludible, sino porque también una serie de funcionarios aparecen hoy cuestionados ya sea por su dejación frente al caso, o porque tuvieron actuaciones que facilitaron la entrega de recursos sin fiscalización alguna.

Es sin duda una de las peores crisis políticas desde el retorno de la democracia, y por lo mismo más que nunca es la hora de las instituciones, cuya obligación es aclarar pormenorizadamente los hechos y determinar las responsabilidades penales, políticas y administrativas del caso. En un momento como este, es fundamental que la ciudadanía perciba que todos los estamentos están cumpliendo su rol, actuando con la premura y rigor que exige una situación como esta, donde finalmente es todo el andamiaje institucional el que se ha puesto en cuestión. Por lo mismo es fundamental que cuanto antes se logren precisar los potenciales involucrados, algo que en el caso de las fundaciones es clave, porque hoy todas se encuentran injustamente cuestionadas por culpa de inescrupulosos.

La Contraloría ya ha iniciado una serie de investigaciones, en tanto que la Fiscalía ha abierto procesos en ocho regiones del país, lo que de alguna manera permite formarse una idea de lo extendida que podría estar la práctica de entrega de fondos para financiar a personas u organizaciones políticamente afines. Este actuar es bienvenido, pero debe ser complementado con otras acciones. El Congreso y los partidos políticos no pueden sustraerse de esto, por lo que la comisión investigadora que se pretende formar debe actuar con especial celeridad y rigor para determinar las causas y responsabilidades de cualquier hecho irregular, especialmente cuando son militantes de colectividades quienes aparecen como los primeros sospechosos.

El gobierno es el estamento sobre el que recae el mayor peso, pero lamentablemente el errático manejo que ha mostrado La Moneda para enfrentar esta crisis solo ha logrado amplificar sus efectos, abriendo cada día nuevos flancos que dan cuenta de una impericia difícil de imaginar.

Desde luego, probablemente lo que resulta más llamativo es que nadie parece estar a cargo de gestionar la estrategia para enfrentar dicha crisis, exponiendo con ello la figura del propio Mandatario. Por de pronto, hubo una clara falta de calibración de los hechos al pretender que con la sola salida de la subsecretaria de Vivienda y la remoción del seremi de Antofagasta bastaría para satisfacer las responsabilidades políticas. Inexplicablemente el Mandatario decidió blindar al seremi de Vivienda del Maule, pero resulta que el gobierno pidió ayer su renuncia, al descubrir que no se había inhabilitado en la entrega de recursos a una fundación de la que él fue anteriormente parte.

En todo este tiempo La Moneda ni siquiera ha sido capaz de consensuar bajadas comunicacionales en cuestiones tan elementales como establecer cuándo el gobierno supo de las platas en Antofagasta. El Presidente dio a entender que él se había enterado antes o “alrededor” de la fecha de la publicación que hizo un medio de Antofagasta, al tomar conocimiento de un oficio que había enviado una diputada del PDG días antes de dicha publicación. Pero luego la vocera y el ministro de Justicia tuvieron que salir a aclarar estos dichos, confundiendo aún más las cosas. La vocera llegó al punto de pretender establecer una diferencia entre cuando se entera el “gobierno” y cuando “La Moneda”. También parece un paso arriesgado que el Ejecutivo haya descartado tan anticipadamente un cambio de gabinete, cuando las responsabilidades políticas apenas empiezan a conocerse, y luego del error cometido con el seremi del Maule.

Muy polémico resultó asimismo el hecho de que gracias a una revelación de este medio, se supo que el presidente de Revolución Democrática se había enterado diez días antes de que se hiciera público el caso de Antofagasta, en una reunión solicitada por los propios militantes involucrados en los hechos y que posteriormente serían expulsados, donde claramente no solo no se advirtió la implicancia de los hechos, sino que tampoco se tomaron medidas que dieran cuenta de una proactividad para corregir esta anomalía.

Donde sí el Mandatario ha acertado es en haber nombrado una comisión transversal encargada de hacer propuestas para regular la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, para lo cual tendrá un plazo de 45 días. Es fundamental que el país no solo se quede en el escándalo, sino que también se avance en soluciones que permitan extraer lecciones y se establezca un marco regulatorio que impida que hechos como estos se repitan.

En esta, la hora de las instituciones para salir de esta crisis, errores como los que está cometiendo La Moneda resultan muy costosos, por lo que urge rectificar su proceder.